Número - 719

• Más del 20 por ciento de las mexicanas ha reportado sufrir algún tipo de discriminación laboral, según datos del Inegi.

El Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados, una minuta que plantea reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a efecto de reconocer, combatir y prevenir la discriminación laboral por motivos de maternidad y embarazo. 

El documento turnado para su análisis y dictaminación a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, y de Estudios Legislativos Segunda, propone que se reconozca como violencia laboral y docente la discriminación contra la mujer por motivos de maternidad, embarazo o lactancia, lo que incluye amenazas, humillaciones, intimidación o explotación, entre otras conductas indebidas. 

Con la reforma, los Ministerios Públicos tendrían que tomar la maternidad y el embarazo como una necesidad particular para proteger a mujeres víctimas de un delito, mientras que las órdenes de protección administrativas igualmente deberán contemplar el apoyo médico, psicológico y legal para las mujeres víctimas de discriminación por embarazo. 

A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, le correspondería instrumentar un registro sobre los casos de discriminación, con lo que se podrían identificar las conductas negativas en contra de mujeres embarazadas, en situación de maternidad o lactancia, así como los perfiles de quienes las hayan agredido. 

Para prevenir esta modalidad de discriminación en todas las entidades federativas, se plantea que éstas implementen programas y cursos especializados para que Ministerios Públicos, peritos y el personal que atienda a víctimas, tomen en cuenta la violencia por motivos de embarazo, maternidad o lactancia, considerando a las mujeres embarazadas como grupo de atención prioritario. 

Se expone que 21.7 por ciento de las mexicanas manifestó haber vivido alguna situación de discriminación laboral durante el último año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

De esa cifra, al cuatro por ciento se le pidió una prueba de embarazo como requisito para trabajar o poder continuar en un empleo, mientras que el 0.6 por ciento fue discriminada por estar embarazada, por lo que se le despidió, no le renovaron su contrato o le bajaron el sueldo.