Número - 705

• Busca establecer las bases para crear leyes, reglamentos, acuerdos, oficios, sentencias y autos, en versiones ciudadanas de lectura fácil y entendible. 
  
   

La senadora Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa con el objetivo de expedir la Ley General Sobre el Uso de Lenguaje Claro en el Actuar de las Autoridades Federales. 

Dicho ordenamiento busca establecer las bases para crear leyes, reglamentos, acuerdos, oficios, sentencias y autos, en versiones ciudadanas de lectura fácil y entendible; así como crear mecanismos que acerquen a la ciudadanía con el gobierno y consolidar la rendición de cuentas, la participación, la inclusión y la vida democrática en el país. 

Para ello, se propone que sean principios de la ley, la adecuación, la claridad, la coherencia, la cohesión, lo coloquial, la concisión, la efectividad, la inclusión, la precisión y la sencillez. 

En ese tenor, se plantea que los sujetos destinatarios de la ley sean el Gobierno Federal; el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial; los órganos autónomos constitucionales; los servidores públicos y todas las personas habitantes de la República. 

Al Poder Legislativo se le exigirá la elaboración de documentos con el uso del lenguaje fácil, que describa el contenido de cada ley vigente; así como de las leyes o reformas legales que publique el titular del Poder Ejecutivo. 

Por lo que se refiere a la Administración Pública Federal, el lenguaje fácil deberá estar en todos y en cada uno de los documentos, trámites e información al público; así como en la creación de documentos con información relevante de interés público. 

Respecto al Poder Judicial, se propone establecer la obligación de elaborar versiones de lenguaje fácil por cada una de las sentencias y autos que se dicten en los distintos procesos jurisdiccionales. 

Similar carga también tendrá los órganos autónomos constitucionales de aplicar el lenguaje fácil en los distintos actos o resoluciones que los mismos emitan; al igual que los fedatarios públicos respecto a las pólizas, actas o escrituras que los mismos levanten. 

La iniciativa con proyecto de decreto fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda.