Número - 662 

• Senadores también aprueban proyecto para considerar agravantes para el delito de abuso sexual contra menores de 15 años.  

La Comisión de Estudios Legislativos Primera aprobó un dictamen que tiene el propósito de aumentar hasta en una mitad las penas de prisión, que contempla el Código Penal Federal para el delito de violencia familiar, cuando se comenta en contra una mujer embarazada, una persona adulta mayor o una persona con discapacidad.  

Integrantes de este órgano legislativo, que preside la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, aprobaron, por unanimidad, la minuta que envió al Senado la Cámara de Diputados, a fin de reformar el artículo 343 BIS de dicho Código.  

Cabe recordar que esta disposición establece que a quien incurra en este ilícito se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión, además de que perderá el derecho de pensión alimenticia y se le sujetará a tratamiento psicológico especializado. 

Las y los legisladores adicionaron un tercer párrafo para precisar que cuando las conductas descritas en el presente artículo se cometan en contra de una mujer embarazada, una persona adulta mayor o una persona con discapacidad, la pena se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo. 

El dictamen tiene el propósito de prevenir y sancionar todas las conductas que generen violencia familiar, en especial contra las mujeres embarazadas, porque la comisión de este delito va al alza y siempre se acompaña de otra serie de problemas, como es la posibilidad de sufrir abortos espontáneos, muerte fetal, parto prematuro, entre otros.  

“Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, cada 18 segundos una mujer es maltratada en el mundo, mientras que en México, 54 de cada 100 mujeres son víctimas de violencia infligida por su pareja”, detalla el documento. 

En el documento se subraya que en una investigación realizada por Human Rights Watch durante los años 2018 y 2019 en algunas entidades federativas, se documentan hechos de violencia ejercida por familiares contra personas con discapacidad, tanto físicas, sensoriales, intelectuales y psicosociales.  

“En ese tenor, sostiene que los abusos sufridos por las personas con discapacidad incluyen violencia física, sexual, abuso psicológico, descuido, confinamiento y amenazas verbales, mismas que son cometidos por los padres, los familiares políticos, los padrastros y madrastras y otros familiares”. 

La Comisión también avaló una propuesta de la Cámara de Diputados que tiene por objeto de considerar las agravantes previstas en el artículo 266 Bis del Código Penal Federal, para sancionar a quien cometa el delito de abuso sexual en contra de una persona menor de 15 años.  

Según datos publicados por la organización de la sociedad civil “Aldeas Infantiles SOS”, se estima que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil, con 5.4 millones de casos por año.