Número-133

• El consumo de este producto, se advierte en el dictamen, es una de las mayores amenazas para la salud pública, que mata al año a más de 7 millones de personas. 
  
   

La Comisión de Estudios Legislativos, que preside el senador Manuel Añorve Baños, aprobó un proyecto para reformar la Ley General para el Control del Tabaco, a fin de que las instalaciones del Congreso de la Unión sean consideradas espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco. 

Las y los integrantes de la Comisión coincidieron que tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores no deben existir zonas exclusivas para fumar. 

En el dictamen, destacaron que los Poderes de la Unión deben predicar y poner el ejemplo para reducir el consumo de este producto en la población mexicana, que ocasiona enfermedades respiratorias y muertes.  

Las y los senadores también manifestaron que, con esta reforma, el Poder Legislativo logrará que sus espacios de trabajo se conviertan en espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco. 

El dictamen destaca que un grupo de expertos en salud pública, reunido por la Organización Mundial de la Salud el 29 de abril de 2020, estableció que los fumadores tienen más probabilidades de desarrollar síntomas graves en caso de padecer Covid-19, en comparación con los no fumadores.  

Además, detalla que el consumo del tabaco es un factor de riesgo importante de enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, el cáncer, algunos padecimientos respiratorios y diabetes, que incrementa el riesgo de desarrollar síntomas graves en caso de verse afectadas por Covid-19. 

El texto subraya que el tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo, debido a que mata a más de siete millones de personas al año, de las cuales más de seis millones son consumidores directos y alrededor de 890 mil son no fumadores expuestos al humo ajeno.  

En la reunión de la Comisión, las y los senadores también aprobaron un proyecto de decreto por el cual el Congreso de la Unión declara el 5 de marzo de cada año, como el “Día Nacional de las Personas Defensoras Públicas”. 

El proyecto expone la importancia de contar con un día que sirva como reconocimiento nacional a la importante función que cumplen, en un Estado de Derecho, las personas Defensoras Públicas.  

Retoma los “Principios sobre la Defensa Pública en las Américas”, la cual registra a la defensa jurídica como un derecho, reconocido en la mayoría de los instrumentos regionales de derechos humanos, al tratarse de un componente central del debido proceso, que obliga al Estado a tratar a las personas en todo momento como verdaderas sujetas de derechos dentro del proceso. 

En su oportunidad, la senadora Nestora Salgado García, de Morena, expresó que los defensores públicos constituyen un aspecto esencial para el fortalecimiento del acceso a la justicia y la consolidación de la democracia. 

“Son un pilar fundamental en la consolidación de una justicia social, por lo que estamos comprometidos en fortalecer su trabajo”, asentó la legisladora.