Número - 422

• Datos de la ONU-Habitat indican que cerca de 38.4 por ciento de la población de México vive en condiciones de hacinamiento, señala Víctor Fuentes Solís.
   

En México hay más de 10 millones de viviendas sin propietario legal, situación que da origen a problemas que confluyen en rupturas familiares y en consecuencia conllevan al abandono de los inmuebles, mientras se dirimen los conflictos legales, destacó el senador Víctor Fuentes Solís. 

Mencionó que datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano indican que las viviendas irregulares generan asentamientos informales, pues los habitantes no ostentan derecho de tenencia sobre las tierras o casas en las que habitan, y esto deriva desde la ocupación ilegal hasta alquiler informal. 

Además de que los barrios suelen carecer de servicios básicos e infraestructura urbana, por lo que las casas podrían no cumplir con regulaciones y de planificación; además, suelen estar ubicadas geográfica y ambientalmente en áreas peligrosas. 

El legislador del PAN enlistó en la Gaceta Parlamentaria del 8 de noviembre, un punto de acuerdo para exhortar a los 32 gobiernos estatales que, en coordinación con autoridades municipales y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, implementen jornadas de asesoría jurídica y de regularización notarial gratuitas, que permita a las y los ciudadanos regularizar la propiedad privada. 

El proyecto, que fue turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, destaca que la ONU-Habitat estimó que al menos 38.4 por ciento de la población de México vive en una vivienda no adecuada, en condiciones de hacinamiento, hecha sin materiales duraderos o que carece de servicios mejorados de agua o saneamiento. 

Además, según el Registro Único de Vivienda, la construcción de casas nuevas en el país cayó a su nivel más bajo en los últimos nueve años, por lo que la disminución en el desarrollo de vivienda formal ha desatado problemas de hacinamiento y vivienda irregular, lo que pone en riesgo el patrimonio y la integridad de los habitantes de menores recursos.  

Esta situación, dijo el senador, se ha convertido en un problema de carácter económico y social, ya que la construcción no sólo moviliza 37 ramas de la industria y 10 de servicios, sino que la vivienda informal le cuesta al país 138 mil millones de pesos al año.