Número - 121

• El Congreso de la Unión está obligado a derogar el articulado que criminaliza a las mujeres que abortan, destacan especialistas.  
  
   

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Martha Lucía Mícher Camarena, afirmó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para despenalizar el aborto a nivel nacional es una parte importante del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. 

Durante la reunión de trabajo denominada “Salud sexual y reproductiva; resolución de amparo en revisión 267/2023 SCJN”, la legisladora subrayó que esta resolución es un tema importante que impacta directamente en la vida de las mujeres, adolescentes y niñas de nuestro país. 

Agregó que el derecho a decidir de las mujeres es el resultado de una combinación particular de diferentes derechos y principios asociados a la intrínseca libertad de la persona, a autodeterminarse y a escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia conforme a sus convicciones. 

Además, la legisladora de Morena hizo un llamado a no ignorar las observaciones realizadas por organismos internacionales en la materia, como el caso de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), donde se pidió a los Estados adoptar medidas para impedir que las mujeres sean coaccionadas en su fecundidad. 

En tanto, la senadora Eunice Renata Romo Molina, presidenta de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, aseveró que las organizaciones civiles tienen aliadas en el Congreso, que están en constante trabajo para difundir y legislar sobre los derechos reproductivos de las mujeres. 

La legisladora del Grupo Parlamentario del PES dijo que, más allá de las banderas políticas, este es un asunto jurídico, por lo que es necesario impulsar su difusión para que la ciudadanía conozca la resolución de la Suprema Corte, pues aún existen muchas dudas sobre lo que se puede hacer con esta decisión. 

En tanto, Isabel Fulda Graue, subdirectora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), aseguró que esta resolución es un paso importante para el acceso al aborto en las instituciones de salud pública, pues su criminalización, incluida en el Código Penal Federal, hacía que el personal de salud no quisiera otorgar este servicio. 

A su vez, Melisa Ayala, coordinadora de Litigio y Documentación de GIRE, explicó que, una vez que fue notificada la sentencia de la Corte, el Congreso de la Unión está obligado a derogar el articulado que criminaliza a las mujeres que abortan y al personal médico que les asistan, además de que las instituciones de salud tienen la obligación de prestar el servicio. 

Francisco Cué Martínez, responsable de vinculación legislativa del GIRE, indicó que los Congresos locales están obligados a reformar su legislación penal para derogar los delitos de aborto; “lo que está diciendo la Corte es que se abandone el uso del derecho penal para regular quién, en qué momento y bajo qué circunstancias puede acceder o no a un aborto”, acotó.