Número - 073

• El proyecto busca garantizar el derecho humano a este recurso vital, asegura Raúl Paz Alonso.   

En el Senado de la República se llevó a cabo el foro “Nueva Ley de Aguas”, en el que especialistas y legisladores coincidieron en que se debe regular la distribución, revisar las concesiones, vigilar que no haya sobre explotación e invertir en infraestructura para garantizar el derecho humano al agua.  

Por Morena, el senador Gabriel García Hernández, promotor de este encuentro, dijo que la sobreexplotación del agua, su distribución inequitativa, la contaminación, el uso irracional y el desperdicio del líquido, son los principales factores por los que dificulta el suministro a la población. 

Refirió que 40 por ciento del recurso se desperdicia en su trayecto por las tuberías, debido a la falta de inversión en la infraestructura de distribución. Agregó que se debe usar la tecnología para el riego de cultivos, para la recuperación de los acuíferos, así como para enfrentar los impactos del cambio climático y, sobre todo, para no propiciar un desabasto de alimentos. 

Explicó que la nueva Ley General de Aguas resuelve esta situación, porque regula la sobreexplotación, proporciona un marco para que cada una de las concesiones se revisen y no se extraiga más agua de la que ingresa, con lo que se evitará el huachicol y la comercialización ilegal.  

Además, plantea las contralorías ciudadanas, para que la gente sea quien revise que no haya abusos en la extracción y distribución.  

Gabriel García recordó que es importante generar proyectos locales que resuelvan la falta de agua, por ejemplo, en la alcaldía Iztapalapa, demarcación en la que se debe aplicar una inversión en los tres órdenes de gobierno, para que los habitantes cuenten con este recurso. 

El senador Raúl Paz Alonso, presiéntete de la Comisión de Recursos Hidráulicos, destacó la importancia de contar con una nueva legislación que, además de ser un mandato judicial, es indispensable para el bienestar de la población y para las nuevas generaciones. 

Es una obligación moral, desde la trinchera en la que estemos, cuidar el medio ambiente y principalmente el agua. “Es una responsabilidad, aún mayor para quienes estamos en el Senado, siempre digo que en el agua empezó la vida y si no la cuidamos, por la falta de agua, puede terminar”. 

La senadora Gloria Sánchez Hernández refirió que cuando empezaron a revisar este nuevo proyecto, en la Comisión de Recursos Hidráulicos, percibieron la cantidad de personas que sufren por la escasez de este recurso.  

La legisladora de Morena agregó que el documento se complementó con otras iniciativas y se revisa la técnica legislativa para que no sea rechazado.  

Sánchez Hernández comentó que en el municipio de Medellín, Veracruz, el ayuntamiento, con ayuda del Congreso y la auditoria local, resolvió quitar la concesión, después de muchas manifestaciones de la población, a las empresas privadas. 

El especialista Daniel Salazar Núñez consideró que una nueva legislación en materia de agua es una oportunidad para garantizar el acceso, el uso equitativo y sustentable del líquido, ya que actualmente existe un modelo de gestión y distribución del recurso que despoja, contamina y sobreexplota este recurso y “se concentra en unas pocas manos”. 

Recordó que, de 1972 a 1992, se entregaron dos mil títulos de concesión de agua, pero cuando entró en vigor la Ley de Aguas Nacionales, dichas concesiones se incrementaron de forma exponencial, ya que, hasta diciembre de 2020, se cuantificaron 514 mil 684 títulos, y de esa cifra, tres mil 304 acaparan la quinta parte del volumen total de agua concesionada, el cual va a las grandes empresas.  

El investigador Pedro Moctezuma mencionó que el modelo de gestión del agua actual está dedicado a “aliviar” la sequía del sur de Estados Unidos, a través de ceder líquido de nuestros acuíferos y cuerpos de agua. 

Destacó que la próxima aprobación de la Ley General de Aguas será un gran paso para los mexicanos ante la crisis derivada del cambio climático. 

Además, consideró indispensable contar con planes rectores vinculantes, reconocer y organizar las contralorías autónomas del agua como un contrapeso, así como realizar denuncias para evitar la impunidad y la corrupción.