plg_search_media
Search - EDocman
Buscar - Categorías
Buscar - Contactos
Buscar - Contenido
Buscar - Canales electrónicos
Buscar - Etiquetas

Número - 028

  • La propuesta busca que se diseñen medidas que garanticen los derechos de este sector de la población.

Es necesario que el Estado mexicano reconozca que las mujeres y niñas indígenas han enfrentado y enfrentan diversas formas de discriminación, debido a su género, etnicidad, edad, discapacidad y condición de pobreza, aseguró la senadora Sasil de León Villard. 

 

Por tal motivo, la legisladora de Encuentro Social presentó una iniciativa que busca reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para fortalecer las acciones que permitan erradicar la violencia cultural en contra de las niñas, adolescentes y mujeres indígenas. 

 

La reforma que fue turnada a las comisiones unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda, busca visibilizar las diferentes situaciones de vulnerabilidad de las mujeres, las adolescentes y las niñas, ya sea por género, edad, etnia o discapacidad. 

 

Ello, con el objetivo de diseñar y ejecutar medidas afirmativas para la garantía del goce efectivo de los derechos de este sector de la población. 

 

El documento establece que, la violencia cultural estará definida como aquellas derivadas de los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas que dañen su estabilidad psicológica, la integridad de su cuerpo, su situación familiar, su desarrollo político o cualquier otra que atente o limite sus derechos. 

 

Señala que el Estado garantizará a las mujeres la erradicación de la violencia en su comunidad, a través de la eliminación progresiva de los efectos sociales y culturales de los usos y costumbres en las unidades y pueblos indígenas que demeritan los derechos humanos de las mujeres.  

 

Las discriminaciones que enfrentan las mujeres indígenas, señaló la legisladora, les impiden acceder a servicios educativos, mayores oportunidades para la atención de su salud y de su desarrollo.   

 

Son obligadas, dijo, a unirse o casarse en contra de su voluntad o a edades tempranas por la falta de oportunidades. 

 

Por ello, resulta necesario profundizar en el conocimiento de las características y condiciones de vida de este sector de la población, para identificar sus necesidades y sustentar las políticas públicas, programas y acciones de gobierno con perspectiva de género y enfoque intersectorial, puntualizó la senadora.