Número - 1509

• Se utiliza para callar voces incómodas y hay detenciones arbitrarias, afirma la senadora en foro realizado en el Senado.   

Las fiscalías de justicia no investigan, no están comprometidas con las víctimas y son parciales, por eso la fabricación de delitos en México es una práctica constante, acusó la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, Nestora Salgado García.   

Al inaugurar el foro “Fabricación de culpables. Testimonios de víctimas”, la senadora de Morena insistió que vivimos en un país donde estos órganos de procuración de justicia usan su poder para incriminar a inocentes y destruir la vida de personas y de sus familias. 

Consideró que las detenciones arbitrarias son cotidianas e ironizó que estas prácticas llevan la marca de “hecho en México”, porque pareciera que eso es lo que se exporta al mundo como si fuera parte de nuestra democracia.  

“En las calles, comunidades y barrios se sufre la tortura, los malos tratos, la cárcel, los desplazamientos, las desapariciones y las detenciones arbitrarias, que son utilizadas políticamente como herramientas para callar las voces o para sumar estadísticas o poner ´estrellitas´ y simular que un gobierno o una institución actúa contra la delincuencia, cuando en realidad se encarcela a los inocentes”, mencionó.    

En este sentido, recalcó que el objetivo de este foro es visibilizar los casos y alzar la voz desde el Senado, para constatar que la fabricación de culpables es un mecanismo que ha imperado en el país desde hace décadas. 

Por su parte, la periodista independiente, Guadalupe Lizárraga aseguró que la fabricación de culpables inició tras la creación del Centro de Investigación Nacional de Seguridad Pública (Cisen) y que con la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos se evidenció que el combate contra el narcotráfico fue una simulación.  

Agregó que este foro tiene como propósito visibilizar y ayudar a México a que se incorpore al Tratado Internacional contra la Impunidad, además de denunciar a las personas que han fabricado delitos y a los funcionarios públicos que han intervenido para encarcelar a inocentes.