Número - 1488

• Rafael Espino destaca que 69 por ciento, de los tres millones de personas que acudieron a juzgados, enfrentó problemas para hacer trámites.  
  
   

La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, aseguró que senadores y diputados tienen una gran oportunidad, un “momento histórico”, para aprobar la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que responda a las demandas de la sociedad. 

Se trata, dijo, de “una deuda del Estado mexicano con la población en los temas de impartición y de acceso a la justicia”.  

Sánchez Cordero señaló que las reformas constitucionales de 2017 facultaron al Poder Legislativo para expedir una Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, para lo cual se le concedió un plazo de 180 días; sin embargo, subrayó: “llevamos seis años, lamentablemente, y los proyectos legislativos no han trascendido ni se han procesado”. 

En la inauguración de una nueva edición de los foros “Hacia una Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias”, que se llevó a cabo en Chihuahua, la legisladora de Morena detalló que la norma que ella impulsa busca que la solución de problemas entre personas tenga una respuesta rápida, económica y sin formalismos excesivos.  

La posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo sin recurrir a los tribunales, consideró, abona a la cultura de la paz, fomenta el respeto y el diálogo que hoy más que nunca deben promoverse y utilizarse para la solución de todos los conflictos a los que se enfrenta la ciudadanía. 

Los mecanismos alternativos de solución de controversias “permiten otorgar igualdad de oportunidades a los justiciables, para que puedan resolver por ellos mismos sus conflictos, a través de este procedimiento sencillo basado en la voluntad, en la prontitud, la honestidad, la confidencialidad y la economía, en el que se privilegie la cooperación, la comprensión, la negociación, la tolerancia y el diálogo”, sostuvo. 

El senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, expuso que en 2021, según el INEGI, 69 por ciento, de los tres millones de personas que acudieron a juzgados, enfrentó problemas para hacer trámites; 89 por ciento tuvo que superar obstáculos y 33 por ciento experimentó dificultades con la información que les proporcionaban. 

Ante tales cifras, el senador de Morena calificó a la Ley General de Mecanismos de Solución de Controversias como una tarea importante que debe llevar a cabo el Congreso de la Unión, además de que se tienen que etiquetar en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) los recursos necesarios para que funcionen adecuadamente las dependencias que instrumenten tal norma. 

El senador Damián Zepeda Vidales, del PAN, expuso que en México, de cada 30 millones de delitos que se registran al año, sólo se denuncia 10 por ciento; de esa cantidad, al siete por ciento se le abre una carpeta de investigación y sólo 3.5 por ciento de los casos llegan al juez, por lo cual más de la mitad de la población no cree en el sistema de justicia, lo que calificó como una “tragedia”. 

El también integrante de la Comisión de Justicia se pronunció a favor de la creación de la Ley General de Mecanismos de Solución de Controversias para dar respuesta a litigios, principalmente civiles y familiares, que concentran 65 por ciento de los casos que llegan a las dependencias de impartición de justicia, y que saturan de labores a los jueces quienes no pueden resolver expeditamente todas las solicitudes.   

El senador Sergio Pérez Flores, de Morena, coincidió en la importancia de dotar de los recursos necesarios para que los órganos encargados de soluciones de controversias den resultados a la población.  

Además de implementar la norma, explicó, es menester contar con las instalaciones necesarias y que los funcionarios tengan la capacitación suficiente para resolver los casos. 

Ante el reto de homologar las normas locales con la que se crearía en el Congreso de la Unión, el legislador subrayó que lo ideal sería que todas las entidades comenzaran al unísono, pues existen varias que ya cuentan con su propia norma, como Guanajuato, Nuevo León y Chihuahua; sin embargo, sostuvo que los foros que se han realizado desde hace varios meses ayudarán a crear una mejor norma con las experiencias con las que ya cuenta cada estado.