Número - 1473

• Es abrumadora la carga de trabajo en instituciones jurisdiccionales, pues 70 por ciento de sus asuntos son materias civil o familiar, señaló.

El senador Rafael Espino de la Peña aseguró que la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias es de lo más relevante, porque permitirá agilizar el acceso a la justicia en el país. 

Al participar en el foro “Hacia una Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias”, realizado en Veracruz, expuso que en México 70 por ciento de los asuntos versan sobre las materias civil o familiar, por lo que existe una abrumadora carga de trabajo en las instituciones jurisdiccionales. 

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda agregó que sólo se destina menos de una tercera parte de un punto porcentual del Producto Interno Bruto para todos los sistemas judiciales.  

“Existe una señalada desproporción presupuestaria entre los órganos judiciales federales y los de las entidades federativas”, expresó. 

Precisó que los sistemas judiciales de las entidades federativas que conocen del total de los asuntos, sólo se les destina 30 por ciento de los recursos disponibles.  

Por ello, afirmó que estos procedimientos alternativos de resolución de controversias, entre los que se cuenta la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, facilitan que las mismas partes, sin presencia de algún funcionario habilitado por el Poder Judicial, acuerden la forma de solventar sus problemas.   

“Dadas las limitaciones presupuestarias se necesitan herramientas como esta ley, que lejos de perpetuar el conflicto permite su solución, ya que los medios de solución de controversias les permiten a las partes diseñar su arreglo o sentencia, participar en su confección lo que provoca que la ejecución de lo convenido sea más tersa”, apuntó. 

Refirió que de acuerdo con el reporte de World Justice Project, en su estudio 2021, sobre justicia alternativa en materia penal, señala que hay claras ventajas sobre estos modelos alternativos, ya que en 2019, los costos por carpeta atendida fueron de tres mil 500 pesos, contra 13 mil 900 de las carpetas del método convencional. 

Señaló que este nuevo instrumento jurídico está pendiente desde hace más de cinco años, pues se decidió escuchar a la mayor cantidad posible de expertos, académicos y operadores jurídicos, con la intención de llevar a buen puerto esta ley. 

“La intención de procurar que exista retroalimentación, es para garantizar que sea una herramienta eficaz, efectiva y que se adecue al contexto social que se vive en todos los lugares de nuestro país”, manifestó. 

Para tomar decisiones inteligentes, puntualizó, hay que escuchar a los que saben, por lo que “sé que aprenderemos mucho de sus intervenciones, para que con la suma de conocimientos y experiencias, elaboraremos un buen instrumento jurídico”.