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Número - 1312

  • Busca garantizar la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin seguridad social. 
     

El Pleno del Senado aprobó un proyecto de decreto con el objetivo de que las funciones del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) se integren al IMSS-BIENESTAR, esto con el objetivo de contar con un solo órgano descentralizado que provea los servicios de atención médica.  

 

La propuesta busca regular al Sistema de Salud para el Bienestar y establecer la colaboración del IMSS-BIENESTAR con la Secretaría de Salud, para garantizar la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin seguridad social.  

 

Además, las entidades que celebren convenios de coordinación deberán transferir los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, junto con los rendimientos financieros que se hayan generado, al Fideicomiso Público Federal sin estructura orgánica denominado Fondo de Salud para el Bienestar.  

 

El IMSS-BIENESTAR participará en los procedimientos de contratación consolidada previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que tengan por objeto la adquisición y distribución de los medicamentos y demás insumos asociados para la salud, con la finalidad de garantizar el abasto de los mismos.  

 

El documento avalado con 64 votos a favor, uno en contra y una abstención, establece la prohibición del cobro de cuotas de recuperación por la prestación de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social. 

 

La presidenta de la Comisión de Salud, senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, subrayó que esta propuesta no busca corregir un error, sino seguir en la construcción de un sistema de salud moderno, eficaz y eficiente que satisfaga las necesidades de las y los mexicanos, así como comenzar a construir el camino hacia la universalización de los servicios de salud. 

 

El proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, fue remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.