Número - 1264

• Precisan senadores que México cuenta, hasta el momento, con 65 instituciones de este tipo en las 31 entidades federativas. 
   

Las comisiones unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron la minuta que envió la Cámara de Diputados, a fin de garantizar que los Centros de Justicia para las Mujeres cuenten con recursos suficientes para su funcionamiento. 

Las y los integrantes de este órgano legislativo, que presiden la senadora Martha Lucía Micher Camarena y el senador Rafael Espino de la Peña, respaldaron la propuesta de la colegisladora para modificar el artículo 59 Nonies del proyecto que modifica diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

Con ello, para el funcionamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres, las entidades federativas contarán con los recursos derivados de los convenios que en su caso suscriban con el Gobierno federal, en términos de las disposiciones aplicables.  

Así como de los recursos que asignen en sus Presupuestos de Egresos, de los ingresos derivados de convenios que celebren con otras dependencias públicas o privadas, y los que obtengan por cualquier otro medio legal, provenientes de personas físicas o morales que tengan interés en apoyar en la realización de sus actividades. 

En el dictamen, los legisladores destacaron que estos espacios multidisciplinarios e interinstitucionales brindan, de manera gratuita, atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos menores de edad.  

Lo anterior, mediante la prestación de servicios en un mismo lugar, para promover y garantizar su acceso a la justicia, el ejercicio pleno de sus derechos humanos y su empoderamiento. 

Micher Camarena subrayó que México cuenta, hasta el momento, con 65 Centros de Justicia para las Mujeres en todo el país, y estos lugares necesitan este ordenamiento jurídico, indispensable para su buen funcionamiento.  

Recordó que forman parte de una política pública que se promueve desde 2010, por el Gobierno federal ante los gobiernos estatales, y supone que la adscripción de estos Centros, su competencia, naturaleza jurídica y responsabilidades, corresponden al ámbito local.  

Sin embargo, explicó la legisladora, pese a ser una medida de política pública que se fortaleció hace más de una década para atender la violenciacontra las mujeres, también está suscrita al ámbito federal. 

Martha Lucía Micher consideró que al aprobar esta minuta los centros contarían con una normatividad clara y precisa, que señala de manera puntual todos sus objetivos y su funcionamiento, porque estos lugares son una respuesta a la falta de acceso a la justicia que enfrentan las mujeres en México. 

La suma de esfuerzos y recursos entre el Gobierno federal, entidades federativas y organizaciones de la sociedad civil, dijo, busca integrar servicios multidisciplinarios de atención integral de psicología, jurídica y médica; albergues temporales, ludoteca con personas expertas en desarrollo infantil, así como talleres de empoderamiento social y económico para apoyar a las mujeres a salir del círculo de violencia. 

Por su parte, el senador Espino de la Peña agregó que estos centros contarán con una normatividad precisa para la atención especializada y multidisciplinaria con perspectiva de género, “se logró la cuestión presupuestaria lo que representa un gran avance”.