Número-017

• Pérdida de suelo, destrucción de áreas de cultivo, contaminación y alteración del flujo del agua, entre las principales repercusiones de esta actividad, advierte Raúl Bolaños- Cacho.

La minería contribuye con el 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto y representa una de las principales actividades para la recuperación económica en el contexto de la pandemia; sin embargo, también debemos considerar que genera graves daños ambientales en diferentes grados de severidad, expuso el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué.

En ese sentido, el legislador del PVEM presentó una iniciativa para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales incluya en sus resoluciones, que las empresas mineras se sujeten a procesos de autorregulación y auditoría ambiental de manera obligatoria, conforme al reglamento respectivo.

Con esta reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Bolaños-Cacho busca que esta industria continúe como una actividad productiva de gran valor para nuestra economía, pero que, a su vez, cuente con una visión ambiental a largo plazo.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático destacó que, con esta medida, incluso se pueden prevenir sanciones económicas y procesos judiciales de responsabilidad ambiental, a causa de impactos a los ecosistemas, mismos que pueden detectarse desde la autorregulación y la auditoría ambiental.

Refirió que las figuras de la autorregulación y auditoría ambiental ya se encuentran en dicha legislación, pero su objeto es que los productores, empresas u organizaciones desarrollen procesos “voluntarios” para mejorar su desempeño respecto a los ecosistemas, comprometiéndose a alcanzar metas en materia de protección ambiental.

Destacó que actualmente las mineras pueden sujetarse a la autorregulación y auditorías ambientales de forma voluntaria, y pese a que existen varias empresas que ya cuentan con un certificado de la participación en el Programa de Auditoría Ambiental, es necesario que dichas figuras sean obligatorias para garantizar la protección los ecosistemas del país.

En la iniciativa, que se turnó las comisiones unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, afirmó que dichas figuras son importantes debido a que las fases de la actividad minera generan repercusiones ecológicas severas.

En la fase de exploración se provoca pérdida de suelos, por la apertura de caminos, la perforación de pozos y creación de socavones. En la explotación, agregó, se generan cerros artificiales, se destruyen áreas de cultivo, se contamina y altera el flujo natural del agua. Y en la extracción de minerales por el método de lixiviación por cianuro, se envenenan fuentes de agua, explicó.