Número - 1178

• Impulsa oralidad, justicia digital, respeto a derechos humanos y protección de personas que se encuentren en cualquier situación de vulnerabilidad.  
  
   

El Pleno del Senado de la República aprobó, en unanimidad, el proyecto de decreto por el que se expide el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, instrumento legislativo que busca establecer procedimientos homologados en todo el país para dirimir las controversias entre particulares. 

 

La votación del proyecto en lo general obtuvo 114 votos a favor; mientras que en lo particular se registraron 105 votos a favor de la propuesta. 

 

El código consta de mil 191 artículos divididos en 10 libros, además de un régimen transitorio compuesto por 20 artículos en donde se considera una vacatio legis de cuatro años, es decir, se dará ese lapso desde la publicación de la norma hasta su entrada en vigor.​ 

 

La propuesta busca priorizar la oralidad y un efectivo acceso a la justicia pronta, completa, imparcial y expedita, para garantizar a los operadores jurídicos el ejercicio de sus funciones, habilidades y destrezas, acorde con los derechos humanos, postulados y principios contenidos en la Constitución. 

 

Asimismo, integra un modelo en el que se impulse el uso de las tecnologías de la información en los procesos judiciales, con el objetivo de unificar los criterios y bases normativas, a fin de materializar el ideal histórico de justicia y equidad en la solución de conflictos. 

 

También integra las mejores experiencias en el sistema de impartición de justicia de las entidades federativas a nivel nacional y tiene una clara y evidente tendencia hacia la oralidad, la justicia digital, el respeto a los derechos humanos y la protección de aquellas personas que se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad. 

 

La propuesta atiende a la situación propia y característica de aquellos justiciables pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad; para ello, establece medidas de protección, apoyos y ajustes de procedimiento para cada caso en particular. 

 

El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares atiende y plasma a lo largo de su extenso articulado, las bases y principios jurídicos contenidos en nuestra Carta Magna, como norma básica y fundamental del cual deben desprenderse todas las demás normas del orden jurídico positivo. 

 

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, felicitó a las y los integrantes de las comisiones dictaminadoras por tener la paciencia para encontrar los consensos, con el fin de establecer en el documento la oralidad como principio en los procedimientos y privilegiar los mecanismos alternativos de solución de controversias. 

 

Además, destacó que no existe memoria de código alguno que contenga elementos en materia de justicia restaurativa, de mediación y de conciliación. Se trata de un avance extraordinario a favor de la igualdad y la certeza jurídica, además de que será una herramienta más para buscar el bienestar social. 

 

La senadora de Morena, Martha Lucía Micher Camarena, presentó una reserva para armonizar la definición de “perspectiva de género”, que se establece en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, misma que fue aprobada por las y los senadores. 

 

La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, así como los senadores Damián Zepeda Vidales y Emilio Álvarez Icaza, del PAN y del Grupo Plural, respectivamente, también presentaron reservas al dictamen; sin embargo, no fueron admitidas por la Asamblea. 

 

La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, asentó que esta reforma responde al cumplimiento de la reforma constitucional del 15 de septiembre del 2017 en materia de justicia cotidiana, así como a la necesidad de homologar los procedimientos del orden civil y familiar a nivel nacional. 

 

Con ello, subrayó la senadora, se busca robustecer, unificar y agilizar el sistema de impartición de justicia en todo el país, además de brindar a todas y todos los justiciables una mayor seguridad y certeza jurídica.  

 

El senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, aseguró que se trata de una reforma progresista que pondrá a nuestro país a la vanguardia y ayudará a brindar a las y los justiciables una justicia pronta y expedita como lo establece la Constitución. 

 

“El derecho civil y familiar nos impacta en toda nuestra vida; les pido su voto para aprobar este dictamen tan significativo en la vida nacional. Reconozco el esfuerzo de las comisiones, de todos los senadores y los diputados que nos acompañaron, y los exhorto a seguir escuchando las necesidades de las entidades federativas para poder consolidar reformas como esta”. 

 

Por Morena, el senador Sergio Pérez Flores celebró las coincidencias que se alcanzaron para lograr la cristalización de un apartado especial donde se prevén la consignación de alimentos, las medidas provisionales de protección y separación de personas, así como las reglas de los procedimientos de la adopción, y las de declaración de ausencia y declaración de muerte. 

 

A su vez, la senadora Nadia Navarro Acevedo, del PAN, afirmó que este Código será protector de la llamada Justicia Cotidiana, es decir, aquella a la que acudirán las familias para proteger su patrimonio, que vela por el derecho a la identidad y resguarda el núcleo más importante de nuestra sociedad: la familia. 

 

La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI, señaló que millones de personas en el país sufren una falta de acceso a la justicia por las inconsistencias de nuestro marco jurídico, por lo que este nuevo ordenamiento atenderá el reclamo social y buscará reducir la brecha de injusticia que padecen millones de mexicanas y mexicanos. 

 

Noé Castañón Ramírez, senador de Movimiento Ciudadano, aseguró que el proyecto tendrá un gran impacto en la vida de las y los ciudadanos, además de que abonará a la simplificación de los procedimientos que atañen a la justicia cotidiana, los cuales representan el 70 por ciento del total de juicios en México. 

 

El senador Raúl Bolaños Cacho Cue, del PVEM, destacó que se privilegió el Estado de derecho para aprobar una reforma “innovadora”, que será uno de los más grandes legados que esta Legislatura dejará a los mexicanos. 

 

Por el PT, el senador Joel Padilla Peña enfatizó que la nueva legislación dotará de herramientas procedimentales para agilizar el trabajo de todos los involucrados en conflictos civiles y familiares, además de que promoverá nuevas formas de garantizar justicia a las y los mexicanos. 

 

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dijo que el dictamen es un trabajo meticuloso en el que participaron magistrados y sociedad civil para establecer un nuevo sistema de justicia civil y familiar, que combata el rezago por complicación procesal, disparidad en términos, entre otros aspectos. 

 

Germán Martínez Cázares, senador del Grupo Plural, destacó que con este dictamen se atiende una demanda social, porque acerca la justicia cotidiana a los ciudadanos, homologa los procedimientos, privilegia la mediación y conciliación, además de que con la justicia digital cierra los cauces a la corrupción. 

 

El proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.