Número - 900

• “Si con el cambio climático no producimos lo que comemos en condiciones sanas, estamos condenando a la muerte a nuestro pueblo”, afirma.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, hizo un llamado para que en este Periodo Ordinario de Sesiones se apruebe la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, para México cuente con una política alimentaria sana para todos.  

Manifestó que el control y la producción de alimentos se ha convertido en un tema de intereses globales, pero consideramos que el primer derecho que tiene el pueblo es a producir sus alimentos, sanos y equitativos.  

Este miércoles se llevó a cabo el foro para analizar dicha legislación, que organizó la presidenta de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, Marcela Mora Arellano.  

Ahí, Ana Lilia Rivera indicó que “si con el cambio climático no somos capaces de producir lo que comemos en condiciones sanas, estamos condenando a la muerte a nuestro pueblo”, pero además no es un tema solo de alimentos, sino de quién, dónde y cómo los produce.  

La ley que presentamos es un ordenamiento que se ha trabajado con todos los sectores, “pero tiene que ver con que los alimentos se producen en la tierra y la tierra está enferma, con que para la producción se necesita agua, pero el agua tiene un grave problema de control monopólico y que además nadie la está tratando”. 

“Estamos hablando de semillas que tienen controladas los grandes monopolios y no llegan con equidad al pueblo”, agregó.  

Por su parte, la senadora Marcela Mora Arellano afirmó que el proyecto de dictamen de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible es hoy un documento más acabado y pulcro, que establece la garantía del derecho humano a la alimentación adecuada y sostenible.  

En la Ley, dijo, se sientan las bases para una política pública nacional en materia social, en la que se materializan las obligaciones del Estado y se tutela el derecho a la vida digna, no a la supervivencia biológica.  

El senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, señaló que la propuesta busca reglamentar los artículos 4 y 27 de la Constitución, en los que se reconoce el derecho a una alimentación adecuada con las porciones nutritivas y de calidad, para satisfacer las necesidades fisiológicas de las personas en todas las etapas de su vida.  

La falta de salvaguarda de ese derecho humano, señaló, es un problema mundial, de acuerdo con un informe de la FAO de 2022, en el que se reportaba que en 2021 más del nueve por ciento de la población, 828 millones de personas, padecía hambre alrededor del mundo.  

En México, agregó, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud sobre Covid-19 de 2021, elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública -con una muestra de 12 mil 520 hogares mexicanos- reportaba que la prevalencia de inseguridad alimentaria se encuentra arriba del 60 por ciento. 

Mientras que en el Atlas Mundial de Obesidad, México ocupa el quinto lugar a nivel internacional con esta condición: 41 por ciento de mujeres con exceso de peso, 21 millones, y 31 por ciento de hombres, 15 millones. 

Al foro acudieron expertos y funcionarios como Hugo López Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de la Salud, Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Así como Luis Lobo, oficial técnico de la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre de la FAO; Eduardo Benitez Paulin, representante de los programas de la FAO México y Mauro Brero, jefe de nutrición de UNICEF México, entre otros.