Número - 892

• Los 15 aspirantes que propuso la SCJN comparecieron en el Senado.  
  
   

La Comisión de Justicia, que preside la senadora Olga Sánchez Cordero, se declaró en Sesión Permanente para deliberar sobre la idoneidad de las personas candidatas a ocupar el cargo de Magistrado y Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Las y los integrantes de este órgano legislativo desahogaron las comparecencias de los 15 aspirantes, que integran las cinco ternas que presentó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Senado.  

“Por la importancia en el despacho de las designaciones de mérito y una vez consultado con los Integrantes de la Comisión de Justicia, nos vamos a declarar en Sesión Permanente para la posterior deliberación del dictamen correspondiente”, indicó. 

Durante las participaciones del primer grupo de aspirantes, Gabriela Figueroa Salmorán, señaló que “es imperativo que las personas indígenas sean escuchadas y que estén representadas proporcionalmente en los órganos legislativos, porque aún es un camino que debemos seguir transitando”. 

Gabriela Dolores Ruvalcaba García, consideró que la jurisdicción electoral del Siglo XXI debe guiarse por cinco axiomas fundamentales: justicia electoral humanista; justicia electoral con perspectiva de género; un actuar ético sólido e intachable; una Judicatura Federal altamente profesional y prudente; y una justicia electoral comprensible. 

Karen Elizabeth Vergara Montufar indicó que nuestra democracia debe evolucionar en el contexto social para consolidar el Estado de Derecho. Señaló que un reto que tienen los tribunales electorales es generar cercanía e interés sobre lo que resuelven; y que las y los jueces busquen que sus sentencias sean un elemento de unidad para evitar la polarización. 

En tanto, Irina Graciela Cervantes Bravo declaró que, de acuerdo con las facultades que tienen los Congresos locales, es válido no pedir licencia a los miembros del Ayuntamiento o de la Cámara de Diputados cuando busquen participar en la reelección consecutiva, porque no violan los criterios de proporcionalidad y racionalidad, y sólo el elector puede premiarlos o no con su voto. 

Ana Cecilia López Dávila planteó que los partidos deben presentar candidaturas con las que guarden un compromiso ideológico para generar mejores acuerdos parlamentarios y, por tanto, normas y políticas públicas más estables. “La Judicatura Federal debe reflexionar sobre la figura de la reelección, vigilar que se respete la autodeterminación de los partidos y que exista, al mismo tiempo, un verdadero ejercicio de rendición de cuentas”, señaló. 

Del segundo grupo de aspirantes, Fabiola Navarro Luna señaló que los sistemas democráticos requieren de marcos constitucionales y legales, así como de juezas y jueces independientes y responsables que estén dispuestos a protegerlos. 

Roselia Bustillo Marín propuso establecer una verdadera justicia federal electoral a través de una justicia intercultural que tutele la representatividad indígena y sus decisiones bajo la libre autonomía, “donde los motivos de la decisión judicial adviertan no solo resolver un caso concreto, sino tener presente las repercusiones de los criterios que puedan afectar a las comunidades indígenas y su futuro próximo”. 

Por su parte, Elva Regina Jiménez Castillo aseguró que los tiempos modernos exigen que las personas impartidoras de justicia, además de conducirse dentro de los cánones de la ética judicial, deben actualizarse y estar cerca de la ciudadanía; mantenerse en estudio permanente; analizar y cuestionar a diario los casos que son sometidos a su consideración y adoptar una visión transformadora. 

María de los Ángeles Quintero Rentería, dijo que en el principio de autocontención del juez, invita a una profunda reflexión sobre lo que conlleva el alcance, efectividad y operatividad de las decisiones judiciales en casos concretos, como es: el fraude en la postulación de diputaciones indígenas o transgénero; paridad en sistemas normativos indígenas; nulidad por violencia política de género; prueba piloto en prisión preventiva, entre otros. 

Mauricio Iván Del Toro Huerta comentó que en el caso de las personas que pretenden reelegirse de manera consecutivo y renunciar a la militancia del partido que los postuló a la mitad del periodo y ser postulados por un partido distinto, sus alcances deben ser analizados de manera contextual y diferenciada respecto del ámbito legislativo. 

Del tercer grupo de aspirantes, Salvador Andrés González Bárcena dijo que su aportación en la impartición de justicia se basará en la seguridad jurídica con visión amplia y prudencia de criterios, donde las magistraturas electorales respeten las competencias constitucionales de los Poderes de la Unión y no suplanten la función del Poder Legislativo, porque ahí se deposita la legitimidad democrática para regular esa materia. 

César Lorenzo Wong Meraz señaló la diferencia que se da a nivel federal referente al trabajo a distancia; como en el caso de Chihuahua y muchos lugares apartados del país, donde se cuenta con un Instituto Estatal Electoral y un Tribunal, pero las autoridades electorales federales muchas veces están lejos de la población y para eso analiza la cercanía que se tiene que dar y buscar una justicia electoral que abone a todo lo que sucede en el país. 

En su turno, Arístides Rodrigo Guerrero García comentó que entre las acciones estratégicas que impulsará para modernizar la justicia electoral, está un nuevo modelo de sentencia con enfoque ciudadano y uso de la inteligencia artificial, que incluye una carátula en la que se señala el planteamiento del problema, la metodología, estudio del caso y la conclusión a que se llegará, utilizando un lenguaje ciudadano. 

Luis Alberto Trejo Osornio consideró que las instituciones electorales deben ser fortalecidas, como en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde los jueces deben ser libres e imparciales; que ajusten su actuación en todo momento a lo que establece la Constitución Política y la legislación electoral; que sean independientes de los poderes del Estado y, por supuesto, de los poderes fácticos que pudieran intentar socavar nuestra democracia. 

Por último, Francisco Marcos Zorrilla Mateos adelantó que se ocupará de la reelección legislativa, al señalar que si bien la Suprema Corte y el Tribunal Electoral tienen competencias diferentes, en la revisión de sus sentencias respectivas se advierte que dicha figura jurídica no tiene una regulación legislativa, como es la elección consecutiva de diputaciones federales y próximamente la de senadurías.