Número - 748
- El senador Miguel Ángel Macera dijo que el objetivo es proteger la salud de la clase trabajador.
A fin de reducir una hora la jornada laboral de las y los trabajadores al Servicio del Estado, con goce de salario íntegro, y de que los aparatos de gobierno optimicen sus horarios para mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora y puedan estar más tiempo con sus familias, el senador Miguel Ángel Macera Espinosa presentó una iniciativa.
El legislador del PRD propuso reformar el apartado B, del artículo 123 de la Constitución, con el propósito de reducir la jornada laboral diurna a seis horas y la nocturna a cinco horas, además de que cada cinco días de trabajo tendrán dos días de descanso.
También señaló que, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, 75 por ciento de las y los trabajadores presentan estrés laboral; mientras que los especialistas dicen que este estrés crónico afecta a sus familias, lugares de trabajo y por supuesto al desempeño en general del país.
Mancera Espinosa enfatizó que actualmente en el mundo son muchos los países que han encontrado beneficios sustanciales en la reducción de la jornada laboral, en cumplir con parámetros más cercanos a lo que puede ser un beneficio generalizado, en cuanto a producción, pero de manera significativa en el ámbito de la salud.
Además, alertó sobre el incremento de muertes de trabajadoras y trabajadores por accidentes cardiovasculares, accidentes cerebrales en jornadas extinguidas.
Entre los miembros de la organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), los países donde más horas a la semana se trabaja se encuentra México, junto con Colombia, Turquía, Costa Rica, Sudáfrica y Chile.
Destacó que los países en donde las personas trabajan menos horas semanales son Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Suiza, Alemania y Australia.
Mancera Espinosa subrayó que las jornadas laborales prolongadas provocaron 745 mil defunciones por accidente cerebro vascular y cardiopatía isquémica, cifra 29 por ciento superior a la de 2000.
El proyecto de decreto se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, con opinión de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social.