Número - 691

• La ayuda debe extenderse a la comunidad centroamericana y a quienes resulten deportados de Estados Unidos, considera Sánchez García. 
  
   

La senadora Cecilia Margarita Sánchez García hizo un llamado para que las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores se coordinen con los gobiernos de los estados fronterizos del norte del país y fortalezcan, de manera urgente, los programas para la atención y cuidado de la población migrante asentada en sus territorios. 

En un punto de acuerdo, que inscribió en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, la legisladora de Morena precisó que la ayuda debe extenderse a la comunidad proveniente de Centroamérica, así como a las personas que sean deportadas de Estados Unidos, con el fin de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las y los migrantes en el territorio nacional. 

Sánchez García consideró que el fenómeno migratorio es dinámico, dada la naturaleza de movilidad del ser humano, la cual no está exenta de problemáticas, cambios e imprevistos que pueden menoscabar el bienestar de las personas. 

Señaló que nuestro país, derivado de su posición geográfica, extensión y desarrollo se ha convertido en un país de origen, destino, tránsito y retorno de migrantes. La magnitud de la migración -agregó-, constituye un singular desafío para las autoridades debido a la complejidad que la caracteriza. 

También expuso que a través de los medios de comunicación se han documentado múltiples casos de secuestros de migrantes, e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó un informe especial sobre los casos de secuestro contra migrantes. 

Su personal, abundó, detectó la reiterada incidencia de narraciones de secuestro de que son víctima los migrantes, expresada por los propios interesados, así como la insuficiente actuación de las autoridades migratorias y de las encargadas de la seguridad pública para la persecución de los delitos. 

Margarita Sánchez García dijo que esta situación muestra claramente que la frecuencia y magnitud de ese delito contra las personas indocumentadas, implica una actividad delictiva de enormes proporciones, que representa altos ingresos a la delincuencia. 

Además, aseguró que el flujo migratorio de sur a norte y la aprehensión y deportación de inmigrantes de norte a sur, presenta su mayor problema en los municipios de los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, a lo largo de los tres mil 152 kilómetros de frontera con Estados Unidos. 

“Es urgente que, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, se refuercen las acciones para erradicar prácticas que vulneren los derechos de los migrantes, así como para respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos, sea cual fuere su situación jurídica, poniendo especial énfasis en aquellos considerados como vulnerables”, subrayó la senadora.