Número - 525

• Acuacultura y pesca fortalecen tanto la soberanía alimentaria como la territorial, por lo cual deben tener prioridad en la planeación del desarrollo: Jorge Carlos Ramírez Marín.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín llamó a revisar el marco jurídico mexicano para evaluar la vigencia y eficacia de las multas y sanciones que se aplican en la actividad pesquera, para beneficiar a las familias mexicanas y garantizar la protección al medio ambiente.  

 

Se trata de temas trascendentales para el fomento y aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, expresó el legislador del PRI durante el seminario continuo “El marco jurídico de la Pesca en México a debate: áreas de oportunidad para la mejora e innovación”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez. 

 

Conforme a la Ley de Acuacultura y Pesca sustentables, dichas actividades fortalecen tanto la soberanía alimentaria como la territorial, mencionó, y todo lo alimentario se trata de seguridad nacional y eso debería ser prioridad en la planeación del desarrollo. 

 

Apuntó que es necesario saber cómo se produce, cómo se interactúa en las comunidades, así como la relación laboral en los distintos tipos de pesca, pero además hay que pensar en desarrollar los puertos de una manera sostenible que integre los factores sociales, económicos, tecnológicos y ambientales.  

 

No es posible pensar en una estrategia que impulse una legislación que le dé peso a la protección a la producción, pero que se olvide de la relación que esta debe tener con el desarrollo de las comunidades, aseveró el senador Jorge Carlos Ramírez Marín. 

 

Tampoco, agregó, se debe dejar fuera de la legislación la obligación del Estado de procurarle a las comunidades acceso a los resultados de la investigación científica y acceso a la tecnología. 

 

Destacó que los pescadores ribereños se han manifestado para que se eliminen delitos como la pesca furtiva, el robo de lanchas a motores fuera de borda, y los centros de producción clandestinos que representan ilícitos de mayor alcance como el lavado de dinero y el trasiego de droga.  

 

Aarón Enrique Hernández Siller, director de la Oficina Sureste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, manifestó como necesario esclarecer y simplificar los trámites para las personas que se deseen inscribir en la formalidad, además de homologar los procesos, ya que existen varias vías para pasar al lado de la legalidad. 

 

Raziel Villegas, director general de GEOLEGIS, firma especializada en derecho ambiental, sostuvo que la sanción está conceptualizada como una consecuencia y lo que está antes de la consecuencia no posibilita llegar a la sanción, “en vano se busca hacer más severas las sanciones”. 

 

Si el gobernado no sabe por qué lo van a sancionar no se puede sancionar y si no se tienen elementos normativos específicos definidos como es la talla en lo que se refiere a la pesca fuera de tamaño, ¿cómo se podría integrar esa sanción?, cuestionó.