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Número - 499

  • Expresa Márquez Alvarado que las y los estudiantes tienen que recibir cursos sobre la naturaleza y consecuencias del abuso sexual infantil.

A fin de establecer que autoridades escolares destinen dos días del calendario escolar, para que en las escuelas se hable de violencia sexual y cómo prevenirla, la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado presentó una iniciativa para reformar la fracción X del artículo 30 y adicionar el artículo 87 a la Ley General de Educación. 

 

A nombre del Grupo Parlamentario del PT, la legisladora sugirió que estás pláticas se tienen que realizar con la previa autorización de la autoridad educativa local y de conformidad con los lineamientos que expida la Secretaría de Educación Pública. 

 

Mencionó que, en esos dos días, todas las y los estudiantes recibirían cursos y pláticas sobre la naturaleza y consecuencias del abuso sexual infantil; así como de los procedimientos y canales adecuados para denunciar ese tipo de actos.  

 

Además, propuso que el personal académico y administrativo reciban cursos de capacitación en materia de prevención del abuso sexual en los entornos escolares; así como de los procedimientos, protocolos y canales de atención para denunciar este tipo de actos. 

 

Manifestó que se pretende que la escuela sea el espacio donde niñas, niños y adolescentes tengan confianza para hablar sobre lo que les sucede, sobre sus sentimientos y con ello brindar apoyo a quienes, lamentablemente, son o fueron víctima de abuso sexual.  

 

En la iniciativa, que se turnó a las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Márquez Alvarado indicó que la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia “identificó en México a 37 escuelas con posibles coincidencias en patrones de explotación sexual”.  

 

De ellas, sólo en 18 consiguieron obtener más detalles a través de testimonios de los menores de San Luis Potosí, Oaxaca, Morelos, Jalisco, Estado de México, Baja California y Ciudad de México, esta última concentra la mayoría de los casos. 

 

En el documento se señala que las y los estudiantes describieron las agresiones que sufrieron y, en algunos casos, se cometían de manera visible y masiva dentro de los centros educativos, en los cuales, en algunas ocasiones, estaban involucrados maestros, directivos del plantel, así como personal de intendencia.