Número - 423
- Sin medidas de accesibilidad adecuadas, no será posible que este sector sea plenamente integrado a la sociedad: Senado.
El Pleno del Senado aprobó que las instituciones de administración e impartición de justicia cuenten con un formato de lectura fácil, como una medida de accesibilidad que favorezca los derechos de las personas con discapacidad.
El dictamen, avalado con 68 votos y que reforma la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, establece que esta medida debe ser incorporada no sólo por las entidades de impartición de justicia, sino por todas las entidades que ofrecen servicios.
Las y los legisladores consideraron que, sin las medidas de accesibilidad adecuadas, no será posible que las personas con discapacidad sean plenamente integradas en la sociedad.
Refirieron que las leyes mexicanas ya regulan el deber del Estado al respecto; “sin embargo, aún queda mucho por hacer en la materia, especialmente cuando se considera que la accesibilidad generalmente se reduce al acceso al entorno físico”.
Por ello, el dictamen tiene su base en el derecho a la información, que es indispensable para el desarrollo de la autonomía y la ciudadanía, así como para el acceso a la justicia por parte de este sector de la población.
“Sin medidas de accesibilidad y de ajustes razonables, el ejercicio pleno de los derechos y libertades, por parte de las personas con discapacidad se ve obstaculizado o impedido”, precisa el proyecto.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, Marcela Mora Arellano, dijo que el dictamen busca que las instancias relacionadas con la impartición de justicia y administrativas impulsen formatos de lectura fácil, cuando atiendan a personas con discapacidad, a fin de garantizar el principio de accesibilidad para este sector de la población.
Por su parte, la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, expresó que al Senado le corresponde trabajar para remover las barreras y revertir la exclusión que la sociedad les ha puesto a estas personas. El dictamen se envió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.