Número - 405

• En un foro sobre los “Mitos y realidades del vapeo”, legisladores destacaron que es necesario erradicar el mercado negro de estos dispositivos.

Senadoras y senadores se pronunciaron por regular, en lugar de prohibir, la venta y consumo de cigarros electrónicos o “vapeadores”, para desaparecer el mercado negro de esos dispositivos, que genera entre tres y cinco mil millones de pesos anuales, y representa un grave riesgo para la salud.  

Durante el foro “Mitos y realidades del vapeo: ¿hacia dónde debe ir México?”, la senadora Eva Galaz Caletti, de Morena, señaló que, de acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre el Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, en el país hay cerca de 15 millones de fumadores de entre 12 y 65 años. 

 “Por lo tanto, debemos preguntarnos: ¿qué nos conviene más como sociedad, prohibir o regular los dispositivos electrónicos?”, cuestionó. 

La pregunta es importante, dijo, porque ha tomado relevancia en los últimos años la introducción de los llamados cigarros electrónicos, que muchas veces tienen sabores agradables y cada vez más jóvenes se enganchan a esa sustancia, desde edades muy tempranas. 

La cifra de consumidores es alarmante y se vuelve escandalosa, consideró, sobre todo cuando recordamos que en el país este tipo de dispositivos están prohibidos, desde su fabricación hasta su circulación y venta.  

Dijo que, en su último informe, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios detalló que sólo encontraron 72 mil vapeadores en lo que va del año, “una bicoca sobre lo que realmente circula”.  

Señaló que esta prohibición ha sido promovida por el Sector Salud y por organizaciones regionales, quienes se niegan a sostener un debate si no es con ponentes autorizados, obviamente por ellos. 

“Desde esta soberanía les hacemos un respetuoso recordatorio: ningún convenio, por marco que sea, está por encima de los derechos humanos. Le pedimos a los funcionarios que dejen a un lado la intolerancia y la cerrazón. Trabajemos de la mano para desaparecer al mercado negro de esos dispositivos, el cual se estima que genera entre tres y cinco mil millones de pesos anuales, sólo en México”. 

“Quitemos de las manos del crimen organizado no sólo las ganancias, sino la salud de nuestros niños y jóvenes, principalmente consumidores de dispositivos que ni siquiera sabemos qué sustancias contienen y que se pueden encontrar hasta en máquinas expendedoras de centros comerciales”, agregó la senadora Galaz Caletti. 

Sylvana Beltrones Sánchez, senadora del PRI y secretaria de la Comisión de Salud, recordó que presentó una iniciativa para regular el “vapeo” desde una perspectiva de derechos, pero también de responsabilidades, lo que incluye a quien produce y comercializa esos sistemas electrónicos que se han vuelto peligrosamente populares entre jóvenes. 

“No comparto las posiciones que buscan prohibirlos, eso siempre tiende a generar efectos contrarios en mercados tan desarrollados. Lo que debemos buscar es su regulación, basada en riesgos y criterios claros. Las campañas para dejar de fumar no han tenido el efecto deseado, sobre todo porque esos dispositivos electrónicos contienen sustancias más tóxicas que el humo de cigarro”, señaló. 

En tanto, la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz, del PVEM, señaló que las enfermedades provocadas por el cigarro son la tercera causa de muerte en México y lo que ahora se debate es que, a pesar de la prohibición, año con año aumenta el número de consumidores de cigarros electrónicos, “vapers” o calentadores de tabaco. 

Lo peor, advirtió, es que en la actualidad se calcula que son más de dos millones de usuarios de “vapers”, mientras que los fumadores de cigarro normal son unos 15 millones. “¿Quién gana?, el mercado negro; ¿quién pierde?, el usuario.  

Entonces, no podemos cerrar los ojos, pues cada vez más niños y jóvenes tienen acceso a los cigarros electrónicos”, alertó.  

“La prohibición no funciona, porque no es el camino ni se va a acabar el problema. Lo que tenemos que hacer como legisladores es escuchar a todas las voces; si no regulamos los vapers no estamos dando la alternativa a los fumadores a otra opción. Además, esos productos no tienen control de calidad y los rellenan con sustancias altamente tóxicas y los consumidores no saben qué están consumiendo”, expuso. 

“Lo que estamos buscando, con iniciativas como la mía y otras, es que todos los sistemas alternativos de nicotina o sistemas electrónicos entren en una nueva Ley General para el Control del Tabaco y Sistemas Alternativos.  

Es decir, explicó Soto Ruíz, abrogar la actual Ley General para el Control del Tabaco y generar una nueva Ley, porque de esa forma se tendría control de calidad y que sólo se vendan a mayores de edad.  

El senador Roberto Juan Moya Clemente, presidente de la Comisión de Economía, consideró que cuando se genera un mercado negro “todo mundo pierde”, desde la producción hasta el gobierno que deja de ganar dinero en impuestos. 

“Yo estaría de acuerdo en que las y los integrantes de la Comisión de Economía participen en la realización de un foro abierto sobre el tema, pero tampoco debemos dejar pasar mucho para tener una definición formal en comisiones unidas y llevar el dictamen de una iniciativa al Pleno en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones, donde sea preferible regular que prohibir”, sugirió.