Número - 175

• Datos de la OIT destacan que 21 millones de personas en el mundo son sometidas a esta práctica.

Por unanimidad, las comisiones unidas de Relaciones Exteriores; y de Trabajo y Previsión Social, que presiden los senadores Héctor Vasconcelos y Napoleón Gómez Urrutia, avalaron un dictamen por el que se aprueba el Protocolo de 2014, relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930, adoptado en Ginebra el 11 de junio de 2014. 

 

El dictamen destaca que, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 21 millones de personas son sometidas a esta actividad, como víctimas de trata, y están sujetas a un régimen de servidumbre por deudas o laboran en condiciones análogas a la esclavitud, por lo que 90 por ciento de las víctimas son objeto de explotación en la economía privada.  

 

El senador Héctor Vasconcelos recordó que, cuando fue Cónsul en Boston, se registraba la práctica de contrataciones fraudulentas en Estados Unidos, en contra de trabajadores mexicanos en condiciones similares a la esclavitud. 

 

Ante esta situación, dijo, el gobierno mexicano introdujo el class action, que fue la primer demanda de México ante una empresa norteamericana para recuperar los derechos de las y los mexicanos. 

 

A su vez, Napoleón Gómez Urrutia destacó que este Protocolo es una pieza fundamental en los esfuerzos para suprimir la explotación, así como la trata de personas y todas las formas de labores obligadas en México. 

 

Se trata de un instrumento, abundó, que no sólo reconoce la prohibición de las formas análogas de esclavitud, sino que las combate a través de acciones precisas con normas y medidas jurídicas para la prevención, protección y la reparación del daño a las víctimas. 

El senador de Morena precisó que es una pieza fundamental por lo que debemos trabajar y sumar esfuerzos para visibilizar y establecer instrumentos que aseguren la libertad, seguridad y el pleno desarrollo de las personas dentro de sus espacios laborales. 

 

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, expuso que el Convenio enriquece el marco jurídico de México, y el Estado podrá realizar acciones jurídicas para reparación del daño y prevención; ahora, es importante centrarse en las sanciones para los agresores y atender que las víctimas accedan a soluciones jurídicas y al derecho a la reparación del daño.  

 

Bertha Alicia Caraveo Camarena, senadora de Morena, afirmó que hoy en día, lamentablemente, sigue presente el trabajo forzado en todo el sistema internacional, por lo que como Congreso revisor no podemos dejar de lado el monitoreo constante de su implementación, para velar por la justicia social y el bienestar de las y los trabajadores. 

 

Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano, mencionó que es importante ratificar el protocolo para dar seguimiento a las personas que se van a Estados Unidos, a través del Programa de Movilidad Laboral, y así poder intervenir como Estado cuando se explote a las y los migrantes. 

 

El senador Israel Zamora Guzmán, del PVEM, comentó que una de las finalidades de este Convenio es que busca que haya información de qué es el trabajo forzoso para suprimir estas acciones, que se dan contra las y los mexicanos que van a Norteamérica a laborar, pero son víctimas de trabajos forzosos.  

 

Salvador Tinajero, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que el documento establece medidas de protección y prevención del trabajo obligatorio, así como acceso efectivo a las víctimas a acciones jurídicas de reparación, y la cooperación entre Estados miembros para garantizar la eliminación de trata forzosa. 

 

Actualmente, agregó, 55 países han ratificado este Convenio, de los cuales tres entrarán en vigor en el 2023, que son Australia, Bangladés y Malasia, y de aprobarse este protocolo por el Senado de la República, se presentará la ratificación ante el director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo.