Número - 130

• Especialistas piden aumentar inversión para la generación de conocimiento e investigación de esta actividad productiva. 

Durante el seminario “El Marco jurídico de la pesca en México a debate: áreas de oportunidad para la mejora y la innovación”, especialistas y académicos coincidieron en que se deben proteger a las comunidades pesqueras y priorizar sus derechos humanos y laborales. 

En la quinta sesión de este encuentro, organizado por el Instituto Belisario Domínguez, que preside el senador Miguel Ángel Osorio Chong, solicitaron incrementar el presupuesto para la capacitación de este sector productivo, con una visión de transición a una pesca sostenible, conservación de los recursos naturales, así como el impulso a programas comunitarios.  

Por su parte, Pedro Sierra Rodríguez, director de investigación pesquera en el Pacifico, del Instituto Nacional de Pesca, propuso que los planes de manejo pesquero que se mencionan en la legislación se conciban como un conjunto de objetivos, estrategias y acciones de carácter vinculante para el ordenamiento, investigación y aprovechamiento de los recursos pesqueros.  

Además, sugirió que, dentro de las modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, se consideren las demandas y propuestas de los pescadores.  

En tanto, Minerva Arce Ibarra, investigadora del Colegio de la Frontera Sur, dijo que es necesario que se incluya un enfoque de derechos humanos, a fin de visibilizar a los pescadores artesanales, ya que eso coadyuvará a crear una nueva visión en las evaluaciones y la gestión de la pesca en México. 

Se trata, agregó, no sólo de ir más allá de considerar únicamente los aspectos productivos económicos y biológicos de la pesca diaria en nuestro país, sino del carácter vinculante de los mandatos constitucionales y los tratados internacionales, para garantizar los derechos humanos de los pescadores de pequeña escala. 

Por su parte, Mariana Walther Mendoza, integrante de The Nature Conservancy. Programa de México y Norte de Centroamérica, planteó la necesidad de establecer comunicación directa entre el gobierno y las comunidades pesqueras, aumentar la inversión para la generación de conocimiento e investigación, así como implementar mecanismos de reconocimiento y validación de las personas que se dedican a esta actividad productiva.  

La recomendación, dijo, es desarrollar estrategias para fomentar la pesca sostenible, reconocer las acciones de conservación que llevan a cabo las comunidades pesqueras a través de subsidios; incluso, incorporar un esquema de pagos por servicios ambientales y ofrecer otras alternativas económicas.  

Alejandra Navarro Smith, investigadora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, de Guadalajara, denunció el creciente tráfico de buche de totoaba, “denominado por la prensa como la cocaína del mar”, que pone en riesgo la pesca en algunas regiones.  

En ese sentido, dijo que se debe atender el tema de la corrupción que existe en la actividad pesquera, revisar la asignación de presupuesto para la vigilancia y supervisión, ademas de hacer alianzas con institutos de investigación para tener información específica que contribuya a detectar áreas de oportunidad.  

En su participación, Salvador Villegas Salinas, investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero, destacó la importancia de contar con un observatorio de financiamiento público, para tener una infraestructura de datos que dé un panorama sobre las condiciones de la pesca a nivel nacional y dé pauta a la aplicación de objetivos de desarrollo sostenible.