Número-1369

•  Celeste Sánchez Sugía advierte que el uso intensivo de redes sociales en el confinamiento agudizó el riesgo de “enganche” a este ilícito.

Las deficiencias en la aplicación del marco legal, así como la falta de atención a las causas de carácter estructural que generan la trata de personas: pobreza, desigualdad y discriminación, son factores que han incrementado la incidencia de este delito en nuestro país, destacaron senadores, funcionarios y especialistas.  

En el foro “Hacia los diez años de la Ley Contra la Trata de Personas. Desafíos, retos y perspectivas”, que se llevó a cabo en la sede alterna del Senado, ubicada en Xicoténcatl, número 9, se destacó la necesidad de actualizar esta legislación para incluir, entre otros puntos, las nuevas modalidades en que la delincuencia organizada comete este ilícito.  

La senadora María Celeste Sánchez Sugía señaló que, a 10 años de la Ley General contra la Trata de Personas, las instituciones públicas, organizaciones civiles y activistas de derechos humanos han dado cuenta del incremento de los casos en nuestro país, por las deficiencias en la aplicación del marco legal, así como la falta de atención a las causas de carácter estructural que generan este crimen, como la pobreza, la desigualdad y la discriminación. 

A lo anterior, se suman factores emergentes como los derivados de la pandemia de Covid-19, que obligó a las personas a someterse a un confinamiento que ha propiciado el uso intensivo de las redes sociales y, por lo tanto, una mayor exposición al riesgo de caer en los mecanismos de enganche de este ilícito.  

La senadora, que dio lectura a las conclusiones del foro, consideró necesario realizar cambios jurídicos e institucionales para atender las causas que originan y promueven la trata de personas, ya que la Ley vigente se enfoca en la persecución del delito, por lo que “se propone virar hacia una ley garantista y reparatoria”.   

Además, se requiere desarrollar instrumentos y estrategias para la identificación de las víctimas, pues muchas de las personas que son objeto de trata no se identifican como tales e, incluso, las autoridades tienen deficiencias para ubicar a quienes se encuentran en tal situación.  

Sánchez Sugía llamó a priorizar la prevención entre los grupos que son más vulnerables, explicarles en qué consiste ese delito, atender los factores estructurales y evitar que caigan en las nuevas modalidades de enganche a través de las redes sociales.  

La atención de las víctimas debe de tomar en consideración la situación que inhibe la presentación de denuncias, así como la continuación de los procedimientos ante las autoridades ministeriales y judiciales. 

Además, dijo la senadora, es necesario facilitar la coordinación interinstitucional y delimitar las competencias entre las autoridades involucradas en el combate a la trata de personas, al igual que la implementación de las políticas públicas en la materia.  

Previamente, en las mesas de análisis, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, advirtió que se registraron dos mil 131 reportes de operaciones inusuales en el sistema financiero, de los cuales 63 están vinculados con menores de edad, durante la pandemia de Covid-19.  

“La mayoría de las transacciones de trata -asentó el funcionario- provienen de la Ciudad de México, Quintana Roo, Jalisco, Puebla y Tamaulipas”. 

Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, denunció que, de 2019 a julio de 2021, se ha duplicado la tentativa de enganchar a personas, vía redes sociales, con el pretexto de una oferta laboral o un vínculo de enamoramiento, fenómeno que se agudizó en el contexto de la pandemia. 

Esto indica, dijo, que hay una oportunidad para que el Poder Legislativo “regule esto en el mundo convencional, pero también en el digital”, lo que se traduce en ciberseguridad y que, además de reivindicar los derechos humanos, debe emprender una persecución de los depredadores en estas plataformas.  

Juan Manuel Meixueiro Alarcón, director del Área contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, enfatizó en la importancia de incluir las nuevas formas de trata que utiliza el crimen organizado, como la explotación de menores o personas de origen indígena en actividades ilícitas.  

Afirmó que se requerirá un gran esfuerzo legislativo para contar con herramientas jurídicas, que permitan priorizar la atención de las víctimas y procesar a quién cometa estos delitos, pero además garantizar presupuesto para brindar un proceso adecuado a las personas afectadas y evitar que sean revictimizadas.  

Félix Santana Ángeles, director general de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, asentó que la Ley vigente tiene una perspectiva de persecución de delitos, que deja de lado la centralidad en las víctimas y desconoce los orígenes sociales, económicos y culturales de los diferentes tipos de trata de personas. 

La directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, Teresa Columba Ulloa Ziárruiz, dijo que también se debe detener la publicidad de las agencias de reproducción asistida, pues promueve en varios países “el turismo de explotación reproductiva”, una modalidad para el alquiler de vientres, con el que se llega a cobrar tres millones de pesos. 

La coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Laura Angélica Borbolla Moreno, dijo que uno de los grandes retos que hay en esta materia es emparejar la realidad con la parte jurídica, ya que en muchas ocasiones las hipótesis normativas quedan superadas.