Número - 1446

• Adelanta el senador Ricardo Monreal que trabaja iniciativa para obligar a instituciones públicas a utilizar o contratar productos o servicios que cumplan con funcionalidades mínimas de accesibilidad. 

 

A pesar de que la expansión de las tecnologías de la información es constante y acelerada, no todos se benefician de estos avances, pues persisten la desigualdad económica, prejuicios y nociones discriminatorias, que generan entornos de exclusión en contra de grupos vulnerables, sobre todo, de las personas con discapacidad, señaló el senador Ricardo Monreal Ávila.  

 

En el foro “Digitalización: herramienta para romper con el mundo hecho para unos cuantos”, el presidente de la Junta de Coordinación Política adelantó que trabaja una iniciativa, para que las instituciones públicas estén obligadas a utilizar o contratar productos o servicios que cumplan con funcionalidades mínimas de accesibilidad. 

 

Subrayó que, al menos desde el ámbito legislativo, el tema de los derechos de las personas con discapacidad es uno de los más fructíferos, pero en el que también existen pendientes.  

 

Puede decirse que, al menos desde el ámbito legislativo, el tema de los derechos de las personas con discapacidad es uno de los más fructíferos y de los que también tenemos pendientes, porque es claro que los desafíos y áreas de oportunidad no se agotan. 

 

“Ese es el caso de la materia que nos convoca: regular los mercados tecnológicos, así como las dinámicas de riesgo que se han generado en este ámbito”, agregó. 

 

Ricardo Monreal destacó que uno de los aspectos relevantes es cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país, para que sectores específicos, tanto públicos como privados, se comprometan con mayor firmeza a generar, adquirir o proporcionar tecnologías accesibles y asequibles, para el ejercicio de sus propias actividades, así como para la prestación de sus servicios. 

 

“Les adelanto que estoy trabajando con el equipo, una iniciativa para incorporar criterios de accesibilidad aplicables a la implementación pública, de modo que las instituciones públicas estén obligadas a utilizar o contratar productos o servicios que cumplan con funcionalidades mínimas de accesibilidad”.  

 

Dijo que este tipo de proyectos van más allá de la primera etapa de armonización conceptual con la convención en la materia y se enfoca en garantizar el ejercicio de derechos concretos de las personas con discapacidad, “como, por ejemplo, los que alude el T-MEC en materia de accesibilidad en el marco del comercio digital globalizado, un ámbito que no está siendo suficientemente discutido”. 

 

Ricardo Monreal hizo un llamado para no estancarnos en lo que se llama el “humanismo de fachada”, que está lleno de buenas intenciones y muchas palabras, pero de pocas acciones; por eso, es primordial que se destinen los recursos económicos, técnicos y normativos correspondientes. 

 

En este sentido, se comprometió a dialogar con la Cámara de Diputados para el tema de presupuesto, pues es indispensable. Además, de promover la confianza y la seguridad digital, lo que requiere políticas públicas de ciberseguridad, que aborden los riesgos de grupos en desventaja digital, como es el caso de las personas con discapacidad. 

 

“Es tiempo de plantear un nuevo modelo de gobernanza que asegure un Estado de bienestar digital con perspectiva de discapacidad, que vaya más allá del despliegue de infraestructura y esté encaminado a garantizar la igualdad de este sector, la igualdad de oportunidades, que abogue por la inclusión y asegure el pleno ejercicio de sus derechos”. 

 

Monreal Ávila argumentó que la conectividad y el desarrollo de las tecnologías de la información ha tenido un enorme impacto en casi todos los aspectos de la sociedad, “pero por más que la expansión de las TIC´s es constante y acelerada, no todos los grupos ni todas las personas se benefician de estos avances”. 

 

Señaló que la brecha digital se explica por diversas causas, incluida la desigualdad económica y social, pero la que sin duda contribuye, es la existencia de políticas públicas desarticuladas y de legislaciones obsoletas.  

 

Así como la persistencia de prejuicios y nociones discriminatorias entre muchos sectores de la sociedad, y el aún incipiente compromiso de la industria tecnológica con el diseño y la producción de tecnologías accesibles y asequibles. 

 

Ricardo Monreal reconoció que en México se han hecho esfuerzos legislativos y regulatorios para ajustarse progresivamente a las obligaciones contraídas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

A lo largo de estos años, enfatizó, se han presentado diversas iniciativas en la materia, para el impulso de su inclusión financiera, la obligación de garantizar la igualdad en el acceso a la justicia, la incorporación de la perspectiva de discapacidad en el sistema judicial.  

 

Y establecer la obligatoriedad de la enseñanza universal de la Lengua de Señas Mexicanas y del Sistema Braille en el Sistema Educativo, la eliminación de prácticas discriminatorias en los servicios que prestan las aseguradoras y la plena accesibilidad de los portales web de las Cámaras del Congreso. 

 

Muchas de estas propuestas, explicó el legislador, ya han sido aprobadas y otras tantas se encuentran en fase de dictaminación. 

 

Al foro también asistió el presidente de la Comisión de Justicia, Rafael Espino de la Peña, quien destacó que las nuevas tecnologías de la información tienen un papel central en las dinámicas laborales actuales, por tal motivo, el Senado de la República debe contribuir para que la digitalización cuente con un enfoque incluyente de las personas con discapacidad. 

  

Argumentó que para evitar que las nuevas tecnologías sean sólo para unos cuantos, se requiere de estrategias, leyes y políticas digitales integrales, cuyo contenido tenga en cuenta las características y necesidades de los distintos usuarios, “pues deben ser facilitadoras de derechos y no murallas que los restrinjan”. 

 

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, señaló que, desafortunadamente, el acceso a la tecnología no es general, en México persiste una barrera a la que se enfrentan las personas con discapacidad, como la falta de sistemas alternativos de comunicación dentro de los canales institucionales de los gobiernos, congresos y de los mismos sistemas de justicia. 

 

En este sentido, dijo que hizo una solicitud para que el sitio de Internet y todos los documentos del Senado de la República cuenten con un sistema alternativo de comunicación, para que todas las personas puedan tener acceso a la información que la Cámara de Senadores genera.