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Número - 1380

  • Senadores de los diferentes Grupos Parlamentarios han presentado iniciativas para eliminar estas prácticas.

Senadoras, senadores, médicos y especialistas coincidieron en que se debe eliminar cualquier manifestación de violencia en la práctica obstétrica, pues alertaron que en México una de cada tres mujeres sufre este tipo de agresiones durante el embarazo, parto o postparto, con lo que también se afecta a los recién nacidos.

 

Durante los diálogos parlamentarios “Contra la violencia obstétrica”, que organizó la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, los ponentes enfatizaron en la urgencia de que los tratos crueles, inhumanos o degradantes que padecen las mujeres sean sancionados, ya que representan una violación a sus derechos humanos.

 

Sánchez Cordero dijo que las agresiones contra las mujeres antes, durante y después del embarazo, por parte de los profesionales de la salud, también se extienden a los recién nacidos y son un tema de salud pública, que debe erradicarse y perseguirse con contundencia por parte del Estado.

 

Informó que senadoras y senadores de los diferentes Grupos Parlamentarios han presentado iniciativas para acabar con dichas prácticas, de quienes ofrecen atención médica relacionada con la salud reproductiva, a fin de garantizar su derecho a la salud de calidad y eliminar la violencia obstétrica y ginecológica.

 

Refirió que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, todos los días mueren 800 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto, fallecimientos que pueden prevenirse con atención médica de calidad; de esa cifra, subrayó, la mayoría corresponde a personas en condiciones de vulnerabilidad, de zonas rurales, indígenas y de comunidades pobres.

 

Olga Sánchez Cordero dijo que las causas directas de la mortalidad materna son la eclampsia, preclamsia, hemorragias, infecciones, abortos inseguros, así como la falta de acceso a servicios de salud, insumos y equipo médicos, además de personal capacitado.

 

Reconoció que existen barreras estructurales como leyes, políticas públicas y prácticas que perpetúan la discriminación contra las mujeres en el ámbito social, económico y familiar, las cuáles deben eliminarse.

 

La senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, consideró urgente visibilizar la violencia obstétrica, ya que, en los últimos cinco años, tres de cada 10 mujeres que dieron a luz en México sufrieron maltrato por parte de quienes las atendieron.

 

Además, se registró que la muerte materna durante el año 2020 fue de 46 defunciones por cada 100 mil nacimientos y dicha cifra se incrementó 38 por ciento en comparación con 2019.

 

La legisladora de Acción Nacional refirió que la violencia y las muertes maternas guardan estrecha relación con deficiencias estructurales en el Sistema Nacional de Salud, lo que constituyen un gran obstáculo para una atención médica integral para las mujeres y los recién nacidos.

 

Por ello, Vázquez Mota propuso que el Senado convoque a elaborar y publicar un libro con testimonios de las mujeres de todo el país, que han sido víctimas de violencia obstétrica, a fin de que sirva como referente para estudiantes de medicina, personal de salud y sociedad.

 

Destacó que en los códigos penales de Aguascalientes, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Estado de México se ha tipificado la violencia obstétrica como mecanismo de solución, pero en ninguna de las entidades se ha emitido una sentencia sobre este delito en los últimos cinco años.

 

El senador Luis David Ortiz Salinas, de Movimiento Ciudadano, explicó que la violencia obstétrica se genera en los servicios de salud públicos o privados, y consiste en cualquier acción u omisión que ocasione daño físico o psicológico a las mujeres durante el embarazo, parto o post parto.

 

Puede expresarse a través de la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, tratos crueles, inhumanos o degradantes y abuso de medicación; además de menoscabar el derecho a decidir, al someterlas a procesos de esterilización y, en su conjunto, constituye una violación a los derechos humanos.

 

En tanto, la doctora Karla Berdichevsky Feldman, titular del Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, dio a conocer que desde 2014 se han realizado cerca de dos mil talleres en materia de violencia obstétrica a 37 mil prestadores de servicios de salud.

 

Agregó que en lo que va de 2022 se han impartido talleres presenciales sobre la promoción, el buen trato a las mujeres, los cursos virtuales “trato materno y neonatal respetuoso” y conferencias a distancia para generar una cultura de trato respetuoso y digno durante la atención el embarazo y parto.

 

Francisco Cue, integrante del Grupo de Información en Reproducción Elegida, pidió a los legisladores que, como parte de los cambios normativos, se incluya la definición de violencia obstétrica en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que se modifique la Ley General de Salud, para que se puedan monitorear y evaluar los servicios de obstetricia, así como establecer módulos de denuncias de violencia obstétrica.