Número-1321

• Garantizar derechos humanos y evitar prácticas perjudiciales, pide la senadora en Diálogos Parlamentarios.

La presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, aseguró que es necesario impulsar una regulación sobre la reproducción humana asistida en el país, con visión de Estado y de salud pública. 

Refirió que, desde hace casi cuatro décadas, se encuentran disponibles técnicas de reproducción humana asistida, fundadas en evidencia científica, que han permitido a millones de personas cumplir su anhelo de tener un bebé y de ser padres. 

Sin embargo, en muchos países la legislación en la materia aún es muy precaria o no hay regulación y México no es la excepción, expresó la senadora durante los diálogos parlamentarios “Reproducción asistida, visión de salud pública”. 

Manifestó que siempre es importante regular, dentro del marco legal, temas de gran calado como éste, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y, a su vez, evitar un mayor aumento y diversificación de prácticas perjudiciales en laboratorios o clínicas clandestinas, que ponen en grave riesgo la salud de la población. 

Por ello, recordó que, desde hace tres años, presentó una iniciativa para agregar una fracción V Bis al artículo III de la Ley General de Salud, con el objetivo de que este tema sea materia de salubridad general. 

La propuesta, subrayó, contempla de una forma integral la modernización y protección de los derechos de la mujer y de las parejas en esta materia. 

Apuntó que tan sólo en México, se tiene información de que se practican anualmente 80 mil procedimientos de reproducción humana asistida, como la inducción de ovulación, la inseminación artificial, la fecundación in vitro, la transferencia de óvulos fecundados o la transferencia intra tubárica de gametos. 

Sánchez Cordero expresó que el desarrollo y la sofisticación creciente de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos, ofrecen soluciones a este problema de salud y de planificación familiar. 

Por ello, puntualizó, esta dinámica social no puede escapar de nuestra atención y resulta pertinente impulsar una regulación que contemple los temas de salubridad general, la infertilidad humana y los métodos alternativos. 

En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Justicia, Rafael Espino de la Peña, dijo que las leyes sobre este tema deben estar basadas con un enfoque de derechos humanos, una perspectiva de género y en equilibrio con el progreso científico.  

Precisó que México no cuenta con un ordenamiento específico en materia de reproducción humana asistida, por lo que la falta de regulación impacta tanto a las personas que se someten a los tratamientos, como a los profesionales que los aplican, pues se carece de seguridad jurídica en este ámbito. 

Espino de la Peña indicó que, entre 2003 y 2020, aumentó 160 por ciento el número de establecimientos privados y públicos, con licencia sanitaria, para practicar y llevar a cabo estos métodos. 

Como legisladores, apuntó, tenemos el deber de garantizar a todas las personas, las mejores opciones para ejercer su maternidad y paternidad, a través de un marco normativo específico, dirigido e integral. 

Por su parte, la coordinadora de la Clínica de Infertilidad y Andrología, doctora Patricia Aguayo, señaló que existe un vacío legal que ha permitido generar un mercado para el turismo médico reproductivo, a través del cual, muchas parejas viajan de otros países al nuestro, porque en sus lugares de origen dichos métodos se encuentran prohibidos. 

Se trata de un tema muy delicado y con muchas aristas, por lo que se debe hacer un primer esfuerzo por tener una norma oficial, para resarcir un vacío legal que permita regular los establecimientos en la materia y así dirijan su actuación con apego a derecho, advirtió. 

En tanto, el doctor Alfonso del Valle expresó que se requiere de una ley incluyente para resarcir las necesidades de todas y todos los que sufren infertilidad, independientemente de su estado civil, sexo u orientación sexual; proteger y promover la salud, seguridad, dignidad y derechos de los que usan estas tecnologías y de aquellos que nacen de ellas.