Número-1004

• Al proyecto se le realizaron adecuaciones de técnica legislativa, por lo que se devolvió con estos cambios a la colegisladora.

El Pleno del Senado de la República aprobó, con cambios, un proyecto de decreto que envió la Cámara de Diputados para garantizar el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad.  

Las y los senadores respaldaron, con 96 votos a favor, la minuta que reforma la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  

Precisaron que el concepto de educación inclusiva es el conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación, y favorecer la adaptación del sistema para responder con equidad a la diversidad de características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes. 

Los senadores también detallaron que la Secretaría de Educación Pública tiene que garantizar, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, el derecho a la educación de este sector de la población.  

Asimismo, señalaron que el Sistema Educativo Nacional debe establecer el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, mediante la educación inclusiva, conforme a la Ley General de Educación. 

Al mismo tiempo se precisa que se debe asegurar la inclusión de las personas con discapacidad y establecer mecanismos para que niñas en esta condición ejerzan su derecho a la educación gratuita y obligatoria.  

La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, informó que las comisiones aplicaron adecuaciones en materia de técnica legislativa, mismas que no alteraron lo aprobado por el pleno de las comisiones, por lo que el proyecto fue devuelto con estos cambios a la colegisladora. 

Al presentar el dictamen, la senadora Elvia Marcela Mora Arellano, presidenta de la Comisión de Bienestar y Desarrollo Social, apuntó que se armoniza la definición de educación inclusiva con la nueva Ley General de Educación, la cual resalta la obligación del Estado mexicano a garantizar la educación inclusiva en todos los niveles.  

Ello, dijo, incluye los ajustes razonables en el equipamiento para garantizar que los establecimientos educativos, públicos y privados, cuenten con personal capacitado para la educación de personas con discapacidad.  

La senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota, consideró de vital importancia que las personas con discapacidad salgan del rezago y de la exclusión en que se encuentran; por ello destacó que sólo con el reconocimiento del principio de educación inclusiva se podrá erradicar la discriminación que sufre este sector de la sociedad. 

Cora Cecilia Pinedo Alonso, senadora del PT, mencionó que es obligación de los legisladores garantizar el ejercicio pleno de la educación de las personas con discapacidad, pues según la Encuesta Nacional de Discriminación, 3.7 por ciento de los hombres y el 5.1 por ciento de las mujeres no saben leer y escribir; esta carencia es mayor en personas con discapacidad, donde 20 por ciento de los hombres y 24 por ciento de las mujeres son analfabetas. 

La senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo García, destacó que el país vive una crisis educativa, en particular por el cierre de las escuelas debido a la pandemia. Esta situación, aseguró, la han padecido mayormente las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. 

El senador Gustavo Madero Muñoz señaló que la población con discapacidad se enfrenta constantemente a barreras que les impiden la educación inclusiva, ya sea por comportamientos sociales, por infraestructura inadecuada, planes de estudio rígidos o por la falta de capacitación para este tipo de enseñanza.