Número-964

• Se trata de que la ambigüedad de la ley no sea refugio para abusadores y violadores, destaca el senador Miguel Ángel Osorio Chong.  

La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, aseguró que desde el Senado de la República se legisla para que las mujeres se sepan dueñas de sus cuerpos y de sus vidas, pues “es una manera de empoderarlas y de hacerles saber que no deben subyugarse ante nadie, ni permitir ningún tipo de abuso”. 

 

Durante los diálogos, “No es no, foro de discusión sobre delitos sexuales y consentimiento voluntario, genuino y deseado”, la legisladora destacó que, para erradicar la violencia de género, es necesario tener mujeres fuertes, conscientes, decididas y libres. 

 

Consideró que es fundamental visibilizar la violencia de carácter sexual, que día con día sufren miles de mujeres en el mundo, y que atenta contra el libre y pleno desarrollo de su propia sexualidad.  

 

El consentimiento, agregó, nunca debe darse por sentado, ni por el comportamiento, la ropa que se lleva puesta, o a dónde o con quién se vaya, y todo ese tipo de estereotipos que “desafortunadamente existen en nuestro entorno”. 

 

Por ello, subrayó, el consentimiento siempre debe comunicarse con claridad y no debe haber margen de duda y nada que lo obstaculice. 

 

Puntualizó que este foro representa una convocatoria para impulsar la igualdad sustantiva y la eliminación de las violencias en contra de las mujeres, “es un camino largo, pero no es intransitable”. 

 

En su oportunidad, el organizador del foro y presidente del Instituto Belisario Domínguez, senador Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que se debe establecer de forma puntual que “no, es no”, porque sólo así se podrá erradicar la violencia sexual, como un flagelo que padecen todos los días miles de mujeres en espacios públicos, centros de trabajo, escuelas y en sus propios hogares. 

 

Se trata de que la ambigüedad de la ley no sea refugio para abusadores y violadores, y de avanzar para que la cultura de consentimiento permee en los juzgados, ministerios públicos, gobiernos, escuelas, centros de trabajo y en toda la sociedad, manifestó. 

 

Refirió que en México el año pasado hubo más de 15 mil denuncias por violación, 30 por ciento más respecto al 2020; y en lo que va del presente año se ha registrado en promedio, 30 denuncias diarias por este delito y la realidad es que son muchas más. 

 

Indicó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 90 por ciento de los casos de violación o violencia sexual no se reportan, porque las sobrevivientes no denuncian por miedo a que el agresor tome represalias, se les estigmatice o las autoridades las revictimice. 

 

Por su parte, Ernestina Godoy Ramos, fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, subrayó que, desde esta institución de impartición de justicia, se tiene cero-tolerancia a la violencia ejercida en contra de las mujeres. 

 

Expresó que es necesario considerar lo establecido en la Convención Belém do Pará, la cual dispone que hombres y mujeres deben gozar de igualdad y beneficiarse de la misma protección, incluso mediante el establecimiento de tribunales que protejan a la mujer contra cualquier acto de discriminación, por lo que es necesario promover una ley que defina de manera clara la figura del consentimiento. 

 

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena dijo que es fundamental capacitar y especializar a los encargados de garantizar los derechos de las mujeres.  

 

Refirió que 41 por ciento de las mexicanas de 15 años y más, fueron víctimas de violencia sexual a lo largo de su vida, y 23.2 por ciento, la han padecido durante los últimos 12 años. Asimismo, agregó que, dentro del ámbito familiar, 1.5 millones de mujeres que sufren violencia física y sexual, no cuentan con ningún apoyo, ni acuden a denunciar.  

 

 

 

 

La integrante del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará, Marcela Huaita Alegre, manifestó que es necesario impulsar una reforma que incorpore la figura del consentimiento como elemento fundamental para abordar casos de violencia sexual en contra de mujeres, adolescentes y niñas.