Número-955

• La Procuraduría Federal del Consumidor enfrenta un recorte presupuestal que complica sus tareas, advierte Víctor Fuentes Solís. 

El recorte presupuestal que ha enfrentado la Profeco, durante los últimos tres años, complica las tareas para proteger los derechos de los consumidores, afirmó el senador de Acción Nacional, Víctor Fuentes Solís.  

La Procuraduría Federal del Consumidor, enfatizó el senador, también tiene que fomentar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y quienes adquieren servicios o productos, pero para ello se requieren recursos suficientes.  

Fuentes Solís impulsa una iniciativa para que el anteproyecto de presupuesto para la Profeco no sea inferior al autorizado en el ejercicio fiscal anterior. 

A pesar de los esfuerzos para fortalecer a esta institución, “se observa que, durante esta administración, el Presupuesto de Egresos ha sufrido recortes que notoriamente complican garantizar los derechos de los consumidores”, señaló el legislador. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los recursos presupuestados para la Procuraduría pasaron de mil 118 millones de pesos en 2018, a mil 54 millones de pesos en 2022.  

Esta situación se agrava, advirtió el senador, toda vez que las multas que son impuestas por la Profeco no se integran al patrimonio de la institución, situación que hace imposible el incremento de sus recursos, sin afectar los derechos de las y los consumidores.  

Una forma de asegurar sus recursos -dijo Víctor Fuentes Solís-, es establecer en la Ley que el presupuesto no puede ser inferior, en términos reales, al autorizado en el ejercicio fiscal anterior.  

“Un presupuesto justo es aquel que se asigna de manera progresiva para atender las necesidades de los ciudadanos”, expresó el senador en la iniciativa que busca reformar el artículo 27 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y que se analizará en las comisiones unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda. 

Lo anterior, explicó, significa incrementar de manera gradual y paulatina las asignaciones a las dependencias, según el presupuesto con el que disponga el Estado para el cumplimiento de sus funciones.