Número - 940

• Por falta de quorum, citan a Sesión Plenaria para mañana jueves.  

El Pleno del Senado desahogó la discusión, en lo general, del proyecto de decreto por el que se interpretan los alcances del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley Federal de Revocación de Mandato. 

Una vez que se agotaron las intervenciones de 19 integrantes de los Grupos Parlamentarios a favor y en contra, se registraron las reservas que presentaron diversos legisladores y la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, sometió a votación el dictamen, en lo general.  

La Asamblea emitió un total de 63 votos a favor, por lo que no se reunió el quorum necesario para continuar la sesión y la discusión, en lo particular, del proyecto. 

En consecuencia, Sánchez Cordero levantó la Plenaria y citó para una nueva sesión a la 19:00 horas de este miércoles, pero tampoco se alcanzó el quorum reglamentario para sesionar, y convocó a sesión ordinaria para mañana jueves, a las 10:00 horas.  

Previamente, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, presentó el dictamen al Pleno e indicó que se trata de un decreto de interpretación, por lo que pidió no confundir el proyecto con una reforma a la legislación.  

El senador Noé Fernando Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano, presentó un voto particular y advirtió que la reforma facilitará al Gobierno Federal para que haga propaganda a favor de su visión de la revocación de mandato mediante las conferencias matutinas, por lo que adelantó que llevarán la discusión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

También con un voto particular, el senador Damián Zepeda Vidales, del PAN, expresó su respaldo al ejercicio de revocación de mandato; sin embargo, dijo que no apoyará el proyecto pues, a su consideración, pretende permitir el uso del aparato del Estado, mediante las conferencias mañaneras del titular del Ejecutivo, para influir en el ejercicio democrático. 

La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI, informó que presentó una moción suspensiva, ya que consideró que existe un conflicto de interés por parte de las y los senadores de Morena, pues hay una denuncia sobre actos de propaganda electoral por parte de los legisladores de esa fracción.  

Al referirse a la moción suspensiva, Mónica Fernández Balboa dijo que los senadores de Morena no se encuentran en el supuesto de conflicto de interés, porque no se tiene un interés económico o de beneficio personal. Al contrario, señaló, se garantiza el derecho constitucional a la libertad de expresión y el derecho de las y los ciudadanos a recibir información.  

Agregó que no hay en el Senado alguna notificación de juicio o procedimiento que pueda limitar o coartar los derechos y obligaciones de los senadores de hacer su trabajo. Así, con 35 a votos a favor y 59 en contra, no se admitió a discusión la moción suspensiva. 

En la discusión, el senador Juan Manuel Fócil Pérez, del PRD, aseguró que el país está ante un retroceso en materia electoral. No se puede apoyar el decreto, declaró, porque busca ocultar delitos electorales y cuestionó quién paga para promover la “falsa ratificación del Presidente”. 

Por Morena, el senador Ovidio Peralta Suárez aseveró que la propaganda gubernamental es ilícita sólo si proviene de recursos públicos, y la veda prohíbe sólo a los entes públicos realizarla. Por ello, dijo, es necesaria esta interpretación, pues los derechos políticos como ciudadanos van por encima de todos los criterios que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió de manera dolosa. 

Del PRI, la senadora Claudia Anaya Mota indicó que Morena está llegando muy tarde al decreto de interpretación originaria, porque esto ya está ordenado en la Ley General de Comunicación Social. 

El senador Israel Zamora Guzmán, del PVEM, aseveró que el derecho humano a la libertad de expresión no puede quedar vetado por una decisión del Tribunal Electoral, ya que el artículo 61 de la Constitución señala que diputados y senadores son inviolables de sus opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos. 

De Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, afirmó que, al aprobar este dictamen, se estaría violando la Constitución. “Lo que tratan de hacer es dar manga ancha a un ejercicio propagandístico”, toda vez que sin el aparato de propaganda y sin el presupuesto, este gobierno no se sostiene. 

Miguel Ángel Lucero Olivas, senador del PT, señaló que el titular del Ejecutivo no requiere de propaganda para difundir los logros de su gobierno, y aclaró que este dictamen solo pretende fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión a favor de las y los mexicanos, a través de la revocación de mandato. 

En tanto, el coordinador de la bancada del PAN, Julen Rementería Del Puerto, manifestó su rechazo al dictamen y advirtió que de ser aprobado se presentará un recurso de inconstitucionalidad, porque se está violando la norma. 

Alejandra del Carmen León Gastélum, a nombre del Grupo Plural, calificó el proyecto como “un burdo y grotesco intento de violentar disposiciones constitucionales y legales en materia de propaganda gubernamental”.