Número-931

• La integración, organización y funcionamiento de los órganos y comisiones legislativas son actos autónomos del Poder Legislativo, subraya el dictamen.

Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, que presiden las senadoras Mónica Fernández Balboa y Ana Lilia Rivera Rivera, aprobaron el dictamen a una minuta que busca adicionar una causal de improcedencia en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en materia electoral. 

El proyecto busca establecer que es improcedente que se pretenda impugnar cualquier acto parlamentario del Congreso de la Unión, de la Comisión Permanente, o de sus Cámaras, que emitan sus órganos de gobierno, como los concernientes a la integración, organización y funcionamiento interno de sus órganos y comisiones legislativas. 

La propuesta, que adiciona un inciso h), al numeral 1 del artículo 10, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, fue aprobada por la Comisión de Gobernación por 10 votos a favor y siete en contra; mientras que la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, lo avaló por ocho votos a favor y cinco en contra.  

Cabe recordar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó revisar actos del ámbito parlamentario, que tuvieron origen en las decisiones que tomaron tanto la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados como la de la Cámara de Senadores, para la integración de la Comisión Permanente. 

En este sentido, en el dictamen se considera que la Sala Superior del Tribunal Electoral, invadió el ámbito competencial del Congreso y se condujo de manera ilimitada, lo que afectó el equilibrio de poderes que se establece en la Constitución Política. 

Las Cámaras del Congreso, a través de su Pleno, deciden sobre la integración de comisiones ordinarias, especiales o de investigación, y se trata de asuntos de naturaleza parlamentaria en los que no resulta procedente que el Tribunal Electoral pueda ejercer jurisdicción sobre este tipo de actos autónomos de carácter interno del Poder Legislativo. 

Los actos parlamentarios, se enfatiza en el dictamen, son actos autónomos reconocidos en la Constitución y que corresponden a facultades exclusivas de las Cámaras del Congreso de la Unión, por lo que quedan excluidos de la tutela del juicio de protección de derechos políticos-electorales, de conformidad con la Constitución, la Ley y criterios jurisprudenciales ya establecidos. 

En tanto, la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, de Morena, dijo que la reforma no transgrede los derechos humanos, sino que busca precisar que ningún otro poder se pueda meter en la organización del Congreso de la Unión.  

El senador de Acción Nacional, Damián Zepeda Vidales, detalló que la reforma está hecha para que el Congreso haga lo que quiera sin que nadie le recrimine nada. Aceptar esta reforma, sostuvo, abre la posibilidad de que la mayoría legislativa pueda socavar los derechos de la oposición sin que exista un lugar en el que se pueda impugnar. 

Por el PRI, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas señaló que se trata de una reforma electoral, ya que pretende restringir los derechos de las y los legisladores, así como de las y los ciudadanos que votaron por ellos. Asimismo, denunció que el dictamen contiene deficiencias técnicas, por lo que adelantó su voto en contra. 

En su oportunidad, el senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, afirmó que el dictamen deja en estado de indefensión a las y los legisladores, ya que no tendrían un mecanismo de defensa, ante los actos de autoridad emitidos por las Cámaras y sus organismos, los cuales podrían violar los derechos políticos y electorales de los diputados y senadores. 

El senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del PVEM, consideró que esta reforma establece que no se podrán impugnar los actos meramente parlamentarios, a efecto de que no se interfiera en la organización del Congreso. “Es mentira que se vayan a eliminar los medios de impugnación para actos de jurisdicción electoral”. 

Al hacer uso de la voz, el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, señaló que en nuestro sistema jurídico existe un control para los actos de autoridad; por lo que aprobar esta propuesta implica desconocer el marco jurídico y constitucional en la materia. 

Del Grupo Plural, la senadora Alejandra del Carmen León Gastélum manifestó que la minuta es violatoria de los derechos humanos y políticos de la ciudadanía y representa un acto de inconstitucionalidad.