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Número-689

  •  Desastres de origen natural impactan de manera diferenciada a mujeres y hombres, subraya la presidenta del Senado.

La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, destacó que existe una necesidad urgente de acciones, con perspectiva de género, para atender las crisis ambientales, pues los desastres de origen natural impactan de manera diferenciada a mujeres y hombres.  

 

En este sentido, consideró fundamental que entidades federativas y municipios puedan conocer y, en su caso, homologar la reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que aprobó el Senado en septiembre pasado, para incorporar la perspectiva intercultural y de género en la distribución de costos y beneficios asociados a los objetivos de la política ambiental.   

 

Durante la inauguración de los Diálogos Parlamentarios “Por el equilibrio ecológico sin demora”, Sánchez Cordero puntualizó que en la medida en que se logre un “piso parejo”, es decir, un orden nacional de conceptos y prácticas equivalentes en esta materia, se podrá lograr un país más justo, incluyente y sustentable. 

 

La presidenta del Senado advirtió que, de acuerdo a diversos reportes de la Organización de las Naciones Unidas, la probabilidad de que mujeres y niños mueran a consecuencia de un desastre natural es hasta 14 veces mayor que la de los hombres. 

 

“Está documentado que, en el tsunami en el sureste asiático en 2004, casi 80 por ciento de las víctimas mortales fueron mujeres, y que, en 2017, en el sismo que se registró en México, hubo dos mujeres víctimas por cada hombre”. 

 

Destacó que los desastres naturales impactan de mayor manera a las personas indígenas,  con discapacidad o con alguna otra situación de mayor vulnerabilidad. 

 

Al finalizar el encuentro, Olga Sánchez Cordero también dijo que en la Cámara de Senadores se revisará, con toda responsabilidad, la iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica.  

 

“Este Senado de la República tiene una responsabilidad histórica con estos temas y por supuesto, vamos a revisarla con esa responsabilidad histórica que tenemos, para poder hacernos cargo de esta iniciativa”, reiteró. 

 

En su intervención, Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, advirtió que México tiene grandes retos en la protección de los ecosistemas. 


Reconoció que en los últimos 35 años han evolucionado los marcos normativos que protegen el medio ambiente, pero es urgente construir leyes para hacer frente al rápido deterioro ambiental y ante la gravedad del cambio climático. 


El senador aseguró que la explotación de los ecosistemas se justificó por el desarrollo y el progreso de la sociedad, con la creencia equivocada de que los recursos naturales son ilimitados. 


Además, hizo un llamado para que el Congreso de la Unión, la industria y los tres niveles de gobierno trabajen unidos, porque, si bien existen andamiajes constitucionales que buscan proteger los ecosistemas, en los últimos 10 años se han registrado grandes retrocesos. 

 

Xóchitl Gálvez Ruíz, senadora del PAN, detalló que México ocupa el sitio número 12 de las naciones que más contaminan en el mundo, y la posición 15 en materia económica, “por lo que no es proporcional nuestro nivel de contaminación con el nivel económico”. 

 

Consideró que nuestro país tiene que dejar de utilizar combustibles fósiles para generar energía eléctrica; además, señaló que el sector privado no puede producir energías limpias porque el gobierno paró las subastas de energía limpia. 

 

Paloma García Segura, de “Igual Consultores, Social Ambiental y Legal”, asentó que es importante que las políticas públicas incluyan temas de acceso a los recursos hídricos en igualad de condiciones y de oportunidades, así como construir infraestructura y saneamiento de agua en beneficio de las familias.  

 

Gemma Herlinda Santana Medina, de la organización civil “Voto por el Clima”, expresó: “más que hablar del equilibrio ecológico, necesitamos alinear las leyes a los presupuestos y a la voluntad de los líderes nacionales, públicos y privados, para enfrentar los retos ambientales”.