Número-678

• Sánchez Cordero anunció que presentará una reforma para fortalecer fiscalías y procuradurías estatales.

En la sesión de este martes, senadoras y senadores de las diferentes fuerzas políticas externaron sus puntos de vista en torno a la conclusión de los trabajos de la Comisión Especial para Determinar la Existencia de Abusos de Autoridad y Violaciones al Estado de Derecho en Veracruz.  

En el debate participó la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, quien adelantó que propondrá una reforma constitucional para fortalecer a las fiscalías y procuradurías del país, ya que existe un reclamo generalizado en todos los estados del país, por la “debilidad y falta de eficacia” de estos órganos. 

Sánchez Cordero dijo que el tipo penal de “ultrajes a la autoridad” está en proceso de derogarse en el Congreso de ese estado; en mi opinión, indicó, “es una tipificación que sí es inconstitucional”. 

El senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, dijo que en Veracruz hay una Fiscalía General subordinada, un Poder Judicial local “con jueces de consiga” y un Poder Legislativo estatal que aprueba delitos, es decir, “se le da un manto de protección a un gobernador que violenta el Estado de Derecho y los derechos humanos”. 

Del mismo Grupo Parlamentario, la senadora Verónica Delgadillo García expresó que José Manuel del Río Virgen es víctima y preso político del gobernador de Veracruz, quien, aseguró, hace uso faccioso de las instituciones para someter a todo aquel que piensa diferente. 

La senadora de Morena, Martha Lucía Micher Camarena, destacó que la Comisión Especial no tenía legalidad, ya que no había sido aprobada por el Pleno; y respecto a la detención de José Manuel del Río Virgen, asentó que es necesario esperar a que el proceso lleve su cauce con apego a derecho. 

De la misma fracción, el senador César Cravioto Romero señaló que Acción Nacional y Movimiento Ciudadano tienen intereses particulares en Veracruz, pero no muestran preocupación por Jalisco, “entidad con indicios de un narco gobierno”, o Guanajuato y Tamaulipas, estados donde gobiernan dichos partidos y en los que se “presumen la violación a los derechos humanos”. 

En su oportunidad, el senador del PAN, Julen Rementería del Puerto, advirtió que el gobierno de Veracruz socava los intereses y derechos humanos de las personas de ese estado, por eso, aseveró, la Comisión Especial sólo buscaba averiguar lo que sucede en esa entidad, “pero la lealtad al Presidente atropella los intereses de los veracruzanos y del Estado de Derecho”.  

Su compañera de bancada, Indira Rosales San Román, destacó que no se trata de repartir, sino de asumir responsabilidades. La Comisión, dijo, buscaba visibilizar los atropellos que suceden en Veracruz, no sólo los de Del Río Virgen o Tito Delfín, sino de cualquier ciudadano que está en la cárcel por manifestarse o por estar en el lugar equivocado.  

Por el Grupo Parlamentario del PRI, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín señaló que al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política se le imputan delitos sin pruebas, “y eso es extraordinariamente grave para la política”, y planteó la posibilidad de crear una comisión que este encaminada a atender las quejas de las personas en todos los estados del país. 

La senadora Beatriz Paredes Rangel, del mismo Grupo Parlamentario, agregó que el proceso de la Comisión Especial fue legal, pero incompleto, pues, aseguró que se cumplió con lo que señala el Reglamento interno, pero el paso para presentarla ante el Pleno no sucedió, por un hecho político, pero no por uno jurídico, pues el Grupo Parlamentario que tiene la mayoría en el Senado no coincidió en su funcionalidad. 

En su oportunidad, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, indicó que la conformación de la Comisión Especial y sus trabajos se realizaron con toda validez. Además, agregó que es necesario hacer una revisión tanto del artículo 331, como del artículo 371 del Código Penal de Veracruz, a efecto de derogar “el delito de ultrajes a la autoridad y las disposiciones espejo” que contiene dicha legislación. 

Del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza Longoria aseguró que en el caso de Del Río Virgen existen elementos de una detención arbitraria y planteó la conformación de una comisión especial para investigar los abusos de poder, no sólo en Veracruz, porque en el Senado “no estamos para ver quien viola más o quien viola menos, se trata de combatir la impunidad y los excesos”.