Número-643

• El senador señala que no sólo podrá investigar y solicitar al Estado Mexicano que colabore con las indagaciones, sino que tiene la facultad de solicitar la reparación del daño a las víctimas.
   

El reconocimiento de la competencia en nuestro país del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, permite la comunicación entre este organismo y las personas víctimas de ese crimen para investigación y esclarecer estos casos, aseveró el senador Ricardo Monreal Ávila.  

En un mensaje difundido en redes sociales, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República recordó que fue la Legislatura pasada quien aprobó en unanimidad la propuesta. 

El legislador detalló que la desaparición forzada es el arresto, la detención, el secuestro o incluso simplemente la privación de la libertad de personas cometida por agentes del Estado o por grupos tolerados por este. 

Lamentablemente, denunció el también presidente de la Junta de Coordinación Política, anteriormente el Estado mexicano nunca aceptó que el Comité contra la Desaparición Forzada interviniera y tuviera jurisdicción nuestro territorio. Ahora, esa es la trascendencia del acto que ratificamos, indicó. 

Asimismo, pidió dimensionar la gravedad del asunto, ya que ahora se pueden investigar, a petición de este organismo internacional, las desapariciones forzadas que ocurren en nuestro país, lo cual representa un desafío para el Estado Mexicano. 

El Comité no sólo puede investigar y solicitar al Estado Mexicano que colabore con las indagaciones, aclaró, sino que también tiene la facultad de solicitar la reparación del daño a las víctimas. 

“Muchos años luchamos porque tuviese vigencia este instrumento jurídico internacional”, aseveró Monreal Ávila. 

Cabe recordar que la Cámara de Senadores aprobó, por unanimidad, la Declaración formulada por México, que reconoce la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU el pasado 1 de septiembre de 2020. 

El aval de esta declaratoria es un catalizador para la prevención, investigación y esclarecimiento de casos, además contribuye a impulsar la reconciliación con base en la verdad, justicia, sanción, reparación y garantía de no repetición, de los delitos en materia de desaparición forzada de personas.