Número-640

• Deben contar con protocolos que resguarden la integridad de la comunidad estudiantil ante hechos de violencia, afirman.  
   

El aumento de la inseguridad en el país es uno de los problemas más preocupantes para la sociedad mexicana, ya que la estructura del gobierno no cuenta con las herramientas necesarias para prevenir y erradicar la violencia, aseguró el senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del PRI. 

Por ello, el legislador urgió a establecer protocolos para que las autoridades proporcionen talleres a maestros y personal educativo, donde se detalle la forma de actuar ante situaciones de riesgo, como balaceras, y evitar la pérdida de vidas humanas. 

En ese sentido, exhortó al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, a que implemente estas medidas por conducto del Instituto de Educación Básica, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Comisión Estatal de Seguridad. 

La idea es que se capacite a directivos y docentes para establecer protocolos de reacción y protección que permitan resguardar a la comunidad estudiantil en casos de enfrentamientos o violencia armada en los planteles educativos o sus cercanías. 

En su propuesta de punto de acuerdo, García Yáñez indicó que la falta de protocolos para actuar ante los actos de violencia cercanos a los planteles educativos o en ellos, provoca la pérdida de la vida de alumnos y personal educativo. 

Al mismo tiempo, el senador hizo un llamado a no normalizar este tipo de situaciones, ya que nos se debe distraer el objetivo primario de estos espacios, que es la enseñanza. 

Refirió que la percepción de inseguridad en la administración de la Cuarta Transformación aumentó de 72.9 por ciento en diciembre de 2019, a 73.4 por ciento en mayo de 2020, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Esta percepción, argumentó el senador priista, evidencia que la población no se siente segura en su ciudad, por el alza de delitos que se vive, homicidios, extorciones, ataques del crimen organizado y el robo a transeúnte, entre otros, donde las víctimas son la ciudadanía mexicana.  

La proposición con punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Educación para su dictaminación.