Número-527
- Analizarán reporte sobre medición y evaluación de la pobreza: Marcela Mora Arellano.
La senadora Elvia Marcela Mora Arellano informó que el lunes 13 de diciembre, el secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), José Nabor Cruz Marcelo, sostendrá una reunión de trabajo con las y los senadores de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social.
La legisladora destacó que en dicho encuentro se podrá conocer, con mucho más detalle, la información relativa a la medición y evaluación de la pobreza en el país, que se presentó en agosto pasado.
En la reunión de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, que preside Mora Arellano, también fue aprobado un proyecto para reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de prevenir la violencia y maltrato en contra de este sector.
Las y los senadores propusieron promover y realizar programas de prevención de violencia hacia este grupo poblacional, la difusión de sus derechos, así como los medios para su protección y garantía.
Coincidieron en que una amplia proporción de adultos mayores sufren alguna forma de maltrato e indicaron que, a nivel mundial, se calcula que 15.75 por ciento de las personas con más de 60 años viven esta situación.
El proyecto menciona que existen diversas formas de violencia y maltrato, que han sido definidas por la Organización Mundial de la Salud y la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores.
Asimismo, las y los senadores avalaron reformar la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, a fin de establecer que la comisión tripartita que se encarga de hacer las recomendaciones pertinentes para la mejora o ampliación de las acciones de ayuda alimentaria, envíe un informe anual de actividades al Congreso de la Unión.
El texto, destaca que este ordenamiento legal tiene por objeto promover y regular la instrumentación de esquemas de ayuda alimentaria en beneficio de los trabajadores y prevé que los patrones podrán optar, de manera voluntaria o concertada, otorgar a sus empleados apoyos nutritivos.
Establece, también, que la evaluación y seguimiento de las acciones estará a cargo de una comisión tripartita integrada por un representante de las secretarías de Trabajo y Previsión Social; de Salud; y de Hacienda y Crédito Público, así como tres representantes de organizaciones nacionales de los trabajadores, y tres de organismos nacionales de empresarios.
El documento plantea que los patrones deberán mantener un control documental suficiente y adecuado para demostrar que la ayuda alimentaria, objeto de la Ley, ha sido efectivamente entregada a sus trabajadores.
Por lo que la omisión del patrón de mantener el control documental será sancionada con multa de hasta dos mil a tres mil unidades de medida de actualización.