Número - 495

•  Morena, PT y PVEM votó a favor del dictamen; en tanto que el PAN, PRI y MC votaron en contra.

Por mayoría calificada, la Cámara de Senadores avaló en lo general la reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que extingue a siete organismos autónomos y reguladores.

El dictamen fue aprobado en lo general con 86 votos a favor de Morena, PT y PVEM; y 42 en contra del PAN, PRI y MC. En lo particular, la asamblea rechazó las reservas que presentaron senadores del PAN y PRI, por lo que los artículos reservados fueron avalados con 86 votos a favor y 40 en contra en los términos del dictamen.

En el debate, la senadora Amalia García Medina, de MC, asentó que la transparencia y la rendición de cuentas surgió de la ciudadanía, no del gobierno, pues desde la ciudadanía se definió que el acceso a la información del gobierno y la protección de datos personales eran derechos ciudadanos, y por ello se creó el INAI, con la intención de acabar con la opacidad y la llamada “partida secreta”.

Por el PT, Lizeth Sánchez García aseguró que la reforma responde a las demandas ciudadanas de tener un gobierno más eficiente, austero y enfocado a atender los retos que enfrentamos, por la que esta simplificación orgánica permitirá una reducción significativa del gasto público y la eliminación de estructuras administrativas redundantes y costosas.

Por el PVEM, Juanita Guerra Mena indicó que a nadie le debería molestar la simplificación orgánica, porque los recursos son de todos y se deben gastar de manera eficiente, de ahí que se tenga que evitar la duplicidad de funciones. Agregó que la transparencia estará garantizada en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, la cual estará encabezada por Raquel Buenrostro, por lo que hay certeza de que se combatirá la corrupción.

En su turno, Miguel Ángel Riquelme Solís, del PRI, consideró que esta reforma tiene muchas “falacias”, porque se justifica en algunas causas que pueden sonar y ser válidas como evitar la duplicidad de funciones, buscar la austeridad y mejor administración de recursos públicos, pero en el fondo esconde graves afectaciones al Estado de Derecho y busca acabar con cualquier riesgo de oposición al Poder Ejecutivo.

Agustín Dorantes Lámbarri, del PAN, lamentó que se estén destruyendo instituciones bajo el argumento de la austeridad y la eficiencia, cuando en la realidad lo que buscan es la opacidad total y la eliminación de cualquier contrapeso al poder “desmedido” que codician, sin rendir cuentas y sin que nadie les cuestione. Dijo que con esta reforma una vez más se atenta contra la democracia mexicana.

En tanto, Miguel Pavel Jarero Velázquez, de Morena, dijo que esta reforma busca transferir las funciones de los órganos autónomos y reguladores a la Administración Pública Federal con la intención de que haya mayor eficiencia, espacios más eficaces, transparencia y rendición de cuentas. Afirmó que los derechos de los trabajadores que laboran en dichas instituciones están a salvo.

De acuerdo con la reforma constitucional, las funciones del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) serán atendidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP); y las del Consejo Nacional de la Evaluación de la Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL) serán ejecutadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En cuanto al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sus funciones recaerán en la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial, en los Órganos de control de los Organismos Autónomos y de las contralorías del Congreso de la Unión, en el ámbito de sus competencias.

En lo referente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), será la Secretaría de Energía (SENER) quien realice sus funciones; las de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) recaerán en la Secretaría de Economía (SEECO); y las del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Luego de su aprobación en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto fue remitido a las legislaturas estatales para su consideración.