Número - 483

• El dictamen fue aprobado con 25 votos a favor y nueve en contra.

 Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos aprobaron, con 25 votos a favor y nueve en contra, el dictamen por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

Se trata de un ordenamiento que permite regular también el aprovechamiento de recursos estratégicos nacionales, ya que promueve un uso responsable, sostenido, equitativo y soberano. Además, los cambios establecen actualizaciones claves relacionadas con el uso, goce y aprovechamiento de bienes de dominio público de la nación.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, explicó que la propuesta para el 2025 proyecta ingresos por derechos, aprovechamientos y productos por 374 mil millones de pesos, lo que representa un aumento del 10.4 por ciento en términos reales, contra lo programado para el cierre del presente año.

Indicó que el dictamen “casi en su totalidad” actualiza las cuotas por inflación y pone al día asignaciones para mantener la congruencia con los cambios en tecnologías y procesos, para reflejar el costo real de las prestaciones de servicios, asegurando el cobro justo por el uso de bienes públicos de la federación.

Agregó que las modificaciones más relevantes a la Ley Federal de Derechos se relacionan principalmente con los servicios migratorios, la minería y las telecomunicaciones, así como en aspectos relacionados con el medio ambiente, uso, exploración o aprovechamiento de aguas nacionales y el espacio aéreo mexicano.

En tanto, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, expresó que las reformas están encaminadas a mejorar la gestión de bienes nacionales y a garantizar un sistema de derechos más equitativo, transparente y acorde con las realidades del país.

Estas modificaciones, apuntó, no sólo buscan mejorar la gestión administrativa de los recursos, sino también promover un uso más responsable de los mismos, asegurando la inclusión de sectores vulnerables con un marco legal actualizado y pertinente.

De Morena, Verónica del Carmen Díaz Robles dijo que las reformas representan un esquema de ingresos que promueve el crecimiento equitativo y sostenible, a fin de reducir la brecha de desigualdad para que todas las personas puedan disfrutar de una vida digna.

Waldo Fernández González, del PVEM, aseguró que ambos proyectos se caracterizan por aumentar la recaudación, pero sin crear nuevos impuestos, además de que protege los programas sociales con un ajuste en el gasto de los ramos administrativos; “mantenemos nuestra determinación de generar los recursos necesarios para atender las necesidades del país, sin imponer cargas desproporcionadas a quienes tienen menor capacidad de contribución”, añadió.

Del PRI, Cristina Ruíz Sandoval acusó que las normas sólo están hechas “para el proyecto de nación” de Morena, cuya recaudación se empleará en los sectores donde ese partido “desea generar beneficio”. Ante ello, criticó que no se destinen recursos a las necesidades y oportunidades de inversión que tiene el país; “la responsabilidad en el destino de recursos es algo de que debemos cuidar”, enfatizó.

Por el PT, Lizeth Sánchez García aseguró que la propuesta representa una declaración de principios, enfocado en el cuidado de las familias mexicanas, pues representa el compromiso firme de priorizar a quienes más lo necesitan, de no abandonar a nadie en el camino y de actuar con responsabilidad fiscal, pero sin perder de vista nuestra obligación con la justicia social.