Número-285

• Legisladores estiman que se obtendrán 7 billones 88 mil 250.3 millones de pesos. 

 

El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general, con 69 votos en favor y 39 en contra, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022. 

 

El documento estima que para el siguiente año se percibirán ingresos por siete billones 88 mil 250.3 millones de pesos, de los cuales tres billones 944 mil 520.6 millones corresponden a impuestos; 411 mil 852.5 millones a Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social; 32.6 millones a Contribuciones de Mejoras; 47 mil 193.5 millones a Derechos; siete mil 918.8 millones a Productos; y 184 mil 864.7 millones a Aprovechamientos. 

 

Además, un billón 205 mil 324.3 millones de pesos a Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos; 370 mil 928.1 millones a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y 915 mil 615.2 millones a Ingresos Derivados de Financiamientos.  

 

Adicionalmente, se prevé, entre otros puntos, una recaudación federal participable por tres billones 728 mil 987.5 millones de pesos. 

 

También, se estimó que el Producto Interno Bruto registrará un crecimiento puntual de 4.1 por ciento para el ejercicio fiscal de 2022, un tipo de cambio respecto al dólar de 20.3 pesos por dólar, una plataforma de producción de petróleo crudo de un millón 826 mil barriles diarios, con una estimación del precio ponderado acumulado del barril de petróleo crudo de exportación de 55.1 dólares por barril. 

 

La propuesta autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un monto de endeudamiento neto interno hasta por 850 mil millones de pesos para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público. 

 

También un monto de endeudamiento neto externo de tres mil 800 millones de dólares, para contratar y ejercer en el exterior créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, para el financiamiento, así como para canjear o refinanciar obligaciones del sector público federal. 

 

En la discusión, la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, afirmó que la mayoría legislativa perdió la oportunidad de hacer una reforma fiscal integral y de gran calado. Además, denunció que la administración actual ha adquirido dos billones de pesos de deuda en sólo tres años. 

 

Por Morena, la senadora Lucía Meza Guzmán aseguró que este dictamen es parte de una estrategia diseñada y orientada a la recuperación económica y que continúa con la prudencia fiscal, la cual es reconocida por diversas calificadoras e inversionistas, pues contribuye a la estabilidad macroeconómica del país.  

 

El senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, insistió en que debió realizarse una reforma fiscal integral que estimulara un salario justo, que no absorbiera rendimiento de las empresas, que no inhibiera la participación y generosidad social, y que no privara al ciudadano de los medios necesarios para su bienestar social e individual.  

 

Raúl de Jesús Elenes Angulo, senador de Morena, subrayó que se aprueba la mayor cantidad de recursos en la historia del país al rebasar la línea de siete billones de pesos, mismos que se destinan a un gobierno honesto y gran administrador de los recursos públicos, que pone por delante el interés del pueblo y de los que menos tienen. 

 

De Acción Nacional, el senador Julen Rementería del Puerto afirmó que la propuesta económica para el siguiente año “no tiene nada de nuevo ni nada de bueno, lo que están haciendo es subir los impuestos a la gente, pues no bajaron la luz ni la gasolina, como lo dijeron”.  

 

José Luis Pech Várguez, de Morena, dijo que el proyecto permitirá el crecimiento con finanzas sanas, el déficit fiscal será del 3.1 por ciento, muy por debajo de los promedios mundiales. Se tendrá una inflación del 3.4 por ciento y, en consecuencia, en una tasa de interés atractiva, que para una nación con riesgo país bajo y una democracia estable se traduce en flujos de inversión crecientes.