Número - 320

• La reforma fue aprobada con 123 votos y remitida a las legislaturas de los estados.

Por unanimidad, el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen que eleva a rango constitucional los apoyos sociales, que buscan garantizar un estándar mínimo de bienestar y desarrollo para las personas con discapacidad, adultas mayores, campesinos y pescadores del país.

En lo general, el proyecto que reforma los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue aprobado con 123 votos a favor y enviado a los congresos de los estados para su consideración.

Se trata de asegurar un esquema de bienestar para la población que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.

El senador Raúl Morón Orozco, de Morena, celebró que esta reforma reciba el respaldo de todas las fuerzas políticas del Senado, pero consideró que a pesar de que en sexenios anteriores hubo programas sociales, éstos se utilizaron de manera “clientelar y perversa”, porque no tenían el objetivo de lograr el bienestar de las personas, ni pretendían que las mexicanas y los mexicanos ejercieran sus derechos de manera plena.

María de Jesús Díaz Marmolejo, del PAN, insistió que esta reforma debe ir acompañada de la capacidad económica necesaria, para que los derechos consagrados en el artículo cuarto constitucional sean una realidad y no sólo una lista de buenas intenciones. Además, consideró que todos los programas sociales deben ser transparentes para que se pueda medir su efectividad.

Néstor Camarillo Medina, del PRI, celebró la aprobación de la reforma constitucional e hizo hincapié en la necesidad de garantizar que los beneficios sociales lleguen sin intermediarios a quienes más lo necesitan, por lo que sugirió utilizar la metodología del Coneval para verificar su impacto: evaluación, transparencia y rendición de cuentas.

Por el PVEM, Luis Alfonso Silva Romo aseguró que con la aprobación del dictamen se le da una continuidad histórica al humanismo mexicano, pues esta política social “será la palanca del crecimiento y bienestar” para la población, además de que “eliminará las inequidades del régimen pasado”.         

En tanto, Lizeth Sánchez García, del PT, dijo que el objetivo de esta reforma es elevar a rango constitucional los derechos de la población en situación de vulnerabilidad, pero para blindarlos y asegurar el acceso a estos apoyos a personas con discapacidad permanente, menores de 65 años, productores del campo y pescadores.

Amalia Dolores García Medina, de Movimiento Ciudadano, consideró importante establecer precios de garantía, a fin de que los trabajadores del campo puedan continuar con su actividad productiva y para que “los intermediarios no acaben con los recursos de los productores agrícolas”.

En lo particular, los senadores Néstor Camarillo Medina, Paloma Sánchez Ramos, Cristina Ruíz Sandoval y Pablo Guillermo Angulo Briceño, del PRI, presentaron reservas para modificar los artículos 4 y 27 del dictamen, pero no fueron aceptadas por la asamblea.

Además, en este apartado intervinieron en tribuna Claudia Edith Anaya Mota y Manuel Añorve Baños, también del PRI, pero retiraron sus reservas, por lo que los artículos del dictamen fueron aprobados en sus términos con 117 votos a favor y el proyecto fue remitido a las legislaturas estatales.