Número - 306

• Los y las legisladoras calificaron la medida como anacrónica, ineficaz e injerencista.

El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, emitió un pronunciamiento por el que el Senado de la República exhorta al Ejecutivo de Estados Unidos y al Congreso de ese país a levantar “inmediata e incondicionalmente” el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto en contra de la República de Cuba.

El documento da cuenta que el 29 y 30 de octubre del año en curso, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizará su asamblea general, en la que se votará la Resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

Detalla que desde 1992 se presenta anualmente en la ONU esta Resolución, pero a pesar de que la votación mayoritaria pide eliminar el bloqueo, los Estados Unidos han ignorado injustificadamente este reclamo.

“En 2023, 187 países votaron a favor de su eliminación, mientras que Estados Unidos e Israel lo hicieron en contra de que se levante, pero, a pesar del reclamo mundial, Estados Unidos lo ignoró injustificadamente”.

Agrega que esta medida inhumana del gobierno estadounidense afecta gravemente al pueblo de Cuba, porque impide el desarrollo económico y social por sus alcances extraterritoriales, lo que daña sus relaciones económicas, comerciales y financieras internacionales.

Los y las legisladoras recordaron que durante el gobierno de Donald Trump aumentaron a 243 las medidas contra Cuba, para “ahorcar su economía”, como la eliminación de los viajes de los cruceros y de vuelos de aerolíneas estadounidenses a la Isla y la cancelación de los servicios consulares; así como el impedimento de transacciones financieras y el cese de las transferencias bancarias.

“El bloqueo contraviene los principios fundamentales del Derecho internacional: la igualdad soberana, la no intervención en los asuntos internos de los estados, el respeto a la independencia y libre determinación; además de violar de forma masiva y flagrante los derechos humanos de los cubanos”, señala el documento.

Además, considera que esta práctica es una política anacrónica e ineficaz que se complementa con una intensa campaña de difamación, demonización y una grosera injerencia política en los asuntos internos cubanos, con programas de subversión a los que el gobierno dedica cada año decenas de millones de dólares del presupuesto federal y sumas adicionales de fondos encubiertos.