Número - 100

• Busca establecer las agravantes a delitos cometidos con aeronaves pilotadas a distancia.

La Comisión Permanente recibió una iniciativa que presentó el Ejecutivo federal para prevenir, evitar y castigar el uso de drones en actos contra bienes y servicios públicos o privados, la integridad física o la vida de las personas, o que produzcan alarma, temor o terror en la población para atentar contra la seguridad nacional.  

El proyecto busca reformar el Código Penal Federal y la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, a fin de establecer las agravantes a delitos cometidos con aeronaves pilotadas a distancia, también conocidas como “drones”. 

El Ejecutivo argumentó que se requiere un marco jurídico que fortalezca la prevención y combata la impunidad en la comisión de ilícitos mediante la utilización de estos artefactos, así como para garantizar la paz y seguridad.  

Destacó que la evolución de la tecnología en materia de aviación civil representa un avance significativo en los ámbitos político, económico y social, pues contribuye a la prevención y control de incendios, rescate de personas, envío de víveres y de equipo médico.  

Sin embargo, acotó, las organizaciones delictivas realizan actividades en las que utilizan drones para transportar explosivos que son lanzados a personas, y que también utilizan en enfrentamientos y contra autoridades de los distintos órganos de gobierno.  

También, se menciona en la iniciativa, se ha observado su uso en el transporte de droga y espionaje, para obtener información privada, fundamentalmente del orden público.  

El proyecto adiciona al Código Penal Federal un capítulo III BIS para sancionar el uso de aeronaves pilotadas a distancia con las que se arrojen explosivos en contra de personas o bienes con el propósito de causar daños; la manufactura y el armado de estos artefactos para transportar explosivos, armas, narcóticos o drogas sintéticas.  

Entre otros puntos, plantean sanciones para quienes utilicen drones para fotografiar, grabar audio o video y vigilar las actividades de servidores públicos.