Número - 160

• Zarzosa Sánchez pide que sea un órgano de consulta, opinión, seguimiento y evaluación de políticas nacionales sobre el sector.

El diputado del PRI, Eduardo Zarzosa Sánchez, presentó una iniciativa que busca constituir el Consejo Nacional de Desarrollo Agrario y los consejos estatales en la materia como órganos de consulta, opinión, seguimiento y evaluación de las políticas nacionales sobre certeza jurídica y justicia cotidiana.

Desde la tribuna, el legislador detalló que el desarrollo de México comienza en el campo, por lo que la productividad económica de los sectores agrícolas y ganaderos, así como todos aquellos que lo componen, es uno de los principales conductores para el bienestar, cuyo valor nacional supera tres por ciento de la participación del Producto Interno Bruto del país.

La intención principal, agregó, es que las 32 entidades federativas puedan constituir consejos al interior de los estados y buscar la representación y el fortalecimiento de todos los productores de forma justa y equilibrada.

Se trata de una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 6 de la Ley Agraria y que fue turnada a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados para su debido dictamen.

El diputado destacó que la productividad económica de los sectores agrícolas y ganaderos interactúa con el resto del mundo y atrae un flujo de alrededor de 22 millones de dólares cada trimestre.

“Esto quiere decir que todas las personas que componen las cadenas internas y externas del campo mexicano integran uno de los pilares más importantes para la producción primaria de la región de América Latina y del continente”, afirmó.

Consideró que los 32 mil núcleos agrarios, con más de cinco millones de ejidatarios comuneros y posesionarios y que representan a más de una quinta parte de la población rural del país, enfrentan retos y limites importantes en el día a día.

Uno de ellos, advirtió, es la curva generacional, ya que, de acuerdo con datos oficiales, la edad promedio de los ejidatarios en el país es de 60 años, lo que supone retos inmediatos para la prosperidad de las actividades de la tierra y su continuidad.

Asimismo, consideró que otro de los problemas que se deben atender es el cambio climático que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las condiciones del medio ambiente podrían impactar en una disminución gradual entre el 10 y el 50 por ciento de la producción agrícola en toda la región.

Por ello, Zarzosa Sánchez subrayó que es urgente impulsar políticas públicas integrales, en materia de capacitación de pequeños productores agrícolas, ejidatarios, comuneros y posesionarios, que articulen y fortalezcan sus capacidades de organización aprovechando las ventajas que ofrece la legislación agraria.

En ese sentido, añadió, las políticas públicas deberán brindar certeza jurídica en la tenencia de la tierra, con asesoría y apoyo en sus cultivos, producción y comercialización, con una visión de protección al medio ambiente, que atienda la sustentabilidad de sus tierras y aproveche al máximo la calidad y vocación de los suelos agrícolas.