Número-221

• El plazo establecido pondría poner en riesgo de desaparecer a pequeñas y medianas empresas, afirma Kenia López Rabadán 
   

Con el objetivo de otorgar un trato justo a las empresas, otorgándoles el tiempo suficiente para realizar los ajustes derivados de la reforma en materia de subcontratación laboral, aprobada el 23 de abril del 2021, la senadora Kenia López Rabadán presentó una iniciativa para ampliar el plazo establecido para la entrada en vigor del decreto, del 1 de agosto de 2021 al 1 de enero de 2022. 

La legisladora panista subrayó que, a lo largo de la discusión para aprobar este proyecto, distintas voces se pronunciaron a favor de una regulación en la materia, pues nuestro marco normativo tenía vacíos legales que dieron paso a abusos por parte de las autoridades y diversos actores, en perjuicio de los trabajadores, de la seguridad social y de los ingresos estatales. 

Sin embargo, recordó, señalaron que esos abusos eran la excepción, ya que la mayoría de las empresas cumplían a cabalidad con los requisitos establecidos en la Ley y que, además, necesitaban esta figura para ser competitivas, generar empleos y coadyuvar al desarrollo de México, especialmente por los estragos causados por la pandemia. 

En este contexto, López Rabadán propuso reformar el Artículo Primero Transitorio del Decreto en materia de subcontratación laboral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2021, pues establece un lapso de sólo tres meses para que las empresas realicen la sustitución patronal y hacer ajustes fiscales. 

Pero diversos especialistas advirtieron que esta “visión mágica del gobierno” no se iba a cumplir, pues se calcula que de los 4.6 millones de trabajadores bajo esquemas formales de subcontratación, sólo el 30 por ciento podría ser contratado de base, el 60 por ciento terminaría en el mercado informal y el 10 por ciento sin empleo. 

La senadora dijo que, desde la discusión sobre el outsourcing en el Pleno, se advirtió que este plazo tan corto provocaría problemas de trámites, ya que miles de empresas tendrían que hacer adecuaciones a su razón social y a sus respectivas nóminas. Esto, agregó, pondría en riesgo de desaparecer a empresas pequeñas y medianas. 

A pocas semanas de la entrada en vigor del Decreto, informó López Rabadán, diversas empresas han manifestado preocupaciones al tener poco tiempo para resolver problemas administrativos, financieros o laborales que pudieran afectarles en el corto y mediano plazo. 

La propuesta, turnada a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, busca un trato justo para las empresas, afirmó la senadora, de modo que tengan el tiempo suficiente para realizar los ajustes pertinentes y ayudarles a no caer en la incertidumbre jurídica o, peor aún, que desaparezcan. 

“Sólo de esta manera, la reforma en materia de subcontratación podría tener asegurado su funcionamiento y fines para los que fue hecha”.