Número-042

• Buscan cumplir con los plazos que estableció la SCJN para realizar modificaciones en la materia y con ello evitar que el Poder Legislativo incurra en desacato. 
  
   

El senador Noé Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano, presentó un proyecto para reformar la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, para establecer la sujeción a los principios de racionalidad y oportunidad.  

El uso de la fuerza, detalla la propuesta que presentó Castañón Ramírez, en nombre de las diputadas y los diputados de Movimiento Ciudadano, se tiene que realizar en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos y tener por finalidad, exclusivamente, el restablecimiento de la seguridad y el orden público dentro del territorio, siempre que existan circunstancias que así lo ameriten. 

Por ningún motivo, advirtió el senador, se puede hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas, por lo que sólo debe prevalecer la intervención proporcional y específica de los elementos de seguridad pública, a fin de preservar el orden y la paz pública, y para que no se pongan en peligro la integridad física de las y los ciudadanos. 

En cuanto a la racionalidad, Castañón Ramírez propuso que el uso de la fuerza sólo se emplee de acuerdo a elementos objetivos y lógicos con relación a la situación hostil que se presenta, a efecto de valorar el objetivo que se persigue, las circunstancias del caso y las capacidades tanto del sujeto sobre el cual se ejercerá la fuerza, como la de los propios agentes. 

Sobre la oportunidad, indicó que el uso de la fuerza tenderá a la actuación inmediata para evitar o neutralizar un daño o peligro inminente o actual, que vulnere o lesione la integridad, derechos o bienes de las personas en los casos de conductas que ameriten el uso de la misma. 

El legislador señaló que esta reforma, turnada a las comisiones unidas de Seguridad Ciudadana; y de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, busca dar cumplimiento al mandato de la Suprema Corte        de Justicia de la Nación, para realizar las modificaciones en materia de respeto de los derechos humanos, conforme a los        principios constitucionales. 

Con ello, agregó, se podrán subsanar las deficiencias que señala la sentencia del Máximo Tribunal y cumplir con los plazos que así se requirieron y con ello evitar que el Poder Legislativo incurra en un desacato y ser acreedores de sanciones por el incumplimiento del fallo constitucional.