Número-141
- Tenemos que unir esfuerzos por catalogar, seleccionar y reinventar el uso de nuestra información: Lucero Olivas.
A fin de garantizar la voluntad de los usuarios de servicios digitales sobre el tratamiento de sus datos personales, en caso de fallecimiento, el senador Miguel Ángel Lucero Olivas presentó una iniciativa en la Comisión Permanente.
El legislador del Partido del Trabajo manifestó que la manera de convivir, aprender y compartir información se ha redefinido ante el avance de las telecomunicaciones y la búsqueda imparable de la sofisticación de la tecnología.
Es relevante la conciencia sobre los alcances del contenido que tienen nuestros bienes digitales como fotos, mensajes de texto, música, videos e información codificada que refleja los hábitos cotidianos de nuestra vida, ya que el mundo digital nunca muere, agregó.
El senador destacó que las redes sociales congregan e intercambian un conjunto de datos personales, en el que los avisos de privacidad y condiciones de uso no se leen, no se comprenden ni preocupan.
“Es aquí donde queremos centrar la atención del tema, pues como ciudadanas y ciudadanos es tiempo de tomar la responsabilidad total del contenido que generamos y así formar parte de las decisiones”, apuntó.
Ante este contexto, propuso reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para que el aviso de privacidad incluya la voluntad del usuario para el tratamiento de sus datos en caso de fallecimiento.
Lucero Olivas destacó que en este ordenamiento se establecen los principios de licitud, consentimiento, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, donde el consentimiento es el más importante, pues en él se contiene la certeza y convicción de las personas y debe garantizarse.
Tenemos que unir esfuerzos por catalogar, seleccionar y reinventar el uso de estos datos, su acceso o supresión de la información. Se deben apresurar los esfuerzos a la velocidad que la tecnología invade nuestras costumbres e interacciones, remarcó.
La propuesta fue turnada a las Comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.