Número - 28

• Se trata de una de las iniciativas más analizadas y debatidas, destacan senadores de Morena.
• PAN propone que el proyecto se revisará en Parlamento Abierto, pero esta propuesta no fue aceptada.

 
Senadoras y senadores de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos fijaron su postura respecto a las reformas a la Constitución Política, que tienen el propósito de que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el voto universal de las y los ciudadanos.
 
Al inicio de la reunión de trabajo de estos órganos legislativos, el senador Gustavo Sánchez Vásquez, del PAN, propuso que la Cámara de Senadores analizara la reforma en Parlamento Abierto.
 
Sin embargo, la propuesta fue rechazada con 23 votos en contra y 11 votos a favor, pues legisladores de Morena, PVEM y PT consideraron que han pasado más de siete meses desde que el titular del Ejecutivo Federal presentó la iniciativa, se han realizado diversos foros para analizarla y ha generado el mayor debate nacional en la historia contemporánea de México.
 
Además, las senadoras Mayuli Latifa Martínez Simón, del PAN, y Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, presentaron un documento para solicitar que la participación de las senadoras y senadores de sus bancadas sea bajo cautela ante la suspensión definitiva de este proceso legislativo otorgado por diversos jueces federales.
 
Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, informó que el área jurídica del Senado atiende los requerimientos de las y los jueces, y responderá conforme al marco legal. En ese sentido, recordó que, de acuerdo con la ley, es improcedente un juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución.
 
Luego se dio paso a la presentación de posturas de los diferentes grupos parlamentarios en torno al contenido del dictamen sobre la minuta que envió la Cámara de Diputados.
 
Por Morena, el senador Óscar Cantón Zetina afirmó que el pueblo de México le otorgó a Morena y sus aliados casi 36 millones de votos y, con ello, “el poder reformador que la Constitución exige”, es decir, las dos terceras partes del Congreso para terminar con las injusticias, la corrupción, la ineficiencia y la insensibilidad del Poder Judicial.
 
El senador Ricardo Anaya Cortés, de Acción Nacional, exigió “al oficialismo” que deje de presionar a las y los legisladores de oposición para que voten a favor de la reforma judicial. Además, confió en que las y los senadores de oposición no se doblarán ni se venderán para detener esta propuesta y empezar a “trabajar en una auténtica reforma a la justicia mexicana”.
 
Carolina Viggiano Austria, senadora del PRI, afirmó que el voto de los y las legisladoras de su bancada será en contra, porque la reforma no es democrática y quienes “la van a padecer” son las personas más pobres; además, afirmó que “es falso” que los ciudadanos vayan a elegir a quienes sean sus juzgadores, pues los candidatos serán seleccionados por Morena y el Gobierno Federal, y en las entidades, lo harán los gobernadores.
 
El senador Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, aseguró que desde 2018 inició la democratización del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero el gran pendiente es el Poder Judicial, por lo que es momento de que este empiece a trabajar en beneficio del pueblo.
 
Por Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno acusó que la propuesta no resuelve los problemas de justicia, sino que vulnera el Estado de Derecho al buscar que el Ejecutivo controle al sistema judicial, lo que provocará un impacto negativo en la certeza jurídica que requieren inversionistas y trabajadores, sobre todo, de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
 
Alejandro González Yáñez, senador del PT, recordó que uno de los ideólogos del PAN, Juan José Rodríguez Prats, llamaba a los integrantes de este partido político para que se sometieran a la congruencia histórica y fueran leales a sus antecedentes, entre ellos, a las ideas de José Vasconcelos, que recomendaba que el Poder Judicial fuera creado, “al triunfo de la reforma, mediante la elección popular de jueces y magistrados”.